La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, e incorporó un punto clave para Misiones y el resto de las jurisdicciones: tras la disidencia planteada por el bloque Innovación Federal, el Gobierno nacional se comprometió a sumar un capítulo presupuestario específico que garantice recursos para la aplicación de la ley en las provincias.
Ese aspecto fue central en la postura del diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, quien advirtió que sin financiamiento concreto el impacto sería imposible de sostener en el interior del país.
El proyecto, impulsado por el oficialismo, obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones, con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales. La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado.
La norma no solo establece la baja en la edad de punibilidad, sino que fija un máximo de 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. A la vez, contempla sanciones alternativas para hechos con penas menores a 10 años, entre ellas amonestaciones, tareas comunitarias, monitoreo electrónico, restricciones de acercamiento y reparación del daño.
Durante el debate, el diputado misionero del bloque Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad, expuso una posición que combinó expectativa y cautela. “En un tema tan sensible es muy difícil ponerse de acuerdo, es complejo”, expresó en el recinto, y planteó que la discusión excede las banderas partidarias. Señaló que experiencias como las de Brasil y Chile demuestran que se trata de un desafío transversal.
El legislador misionero aclaró que su mirada no está centrada en la cárcel como fin último. “No es que uno quiere que ese chico vaya preso, quiere que sea atendido”, afirmó, al remarcar “la necesidad de equipos interdisciplinarios que aborden adicciones, contextos familiares críticos y situaciones de vulnerabilidad”.
Sin embargo, puso el foco en el costo operativo que implica poner en marcha el sistema. Sostuvo que garantizar institutos especializados, profesionales capacitados y estructuras adecuadas demanda una inversión elevada. “Este proyecto de ley tiene un costo muy alto para las provincias”, advirtió, al tiempo que recordó que los distritos ya afrontan fuertes compromisos en salud, educación y seguridad.
En ese marco, desde Innovación Federal insistieron en que la normativa debía contemplar una partida presupuestaria clara y no dejar librada la implementación a la capacidad financiera de cada jurisdicción. Según lo expresado en la sesión, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de incorporar ese capítulo para asegurar fondos destinados a la puesta en marcha del régimen en todo el país.
La ley también prevé la creación de establecimientos específicos para adolescentes, con personal especializado en infancia y adolescencia, acceso a educación, atención médica y tratamiento por consumos problemáticos. Además, prohíbe de manera taxativa la convivencia con detenidos adultos y habilita mecanismos como la mediación y la suspensión del proceso a prueba en infracciones leves, con participación de la víctima.