Tras el receso, la Cámara baja programó plenario de comisiones para avanzar con reformas del Código Penal. El 7 de agosto hay sesión especial.
El Gobierno nacional no descuida el ámbito parlamentario y, en medio de las tensiones internas, apunta a uno de sus ejes de campaña: la agenda de seguridad. Luego de dos semanas de inactividad, comisiones de Diputados debatirán en plenario reformas significativas del Código Penal, mientras se encaminan a un triunfo legislativo en el recinto a inicios de agosto.
Para el mediodía del miércoles, la Comisión de Legislación Penal convocó al tratamiento de cuatros proyectos: modificación de la legislación sobre Trata de Personas y Secuestro de Armas de Fuego, ley de Régimen Penal Juvenil y Abordaje Integral del Crimen Organizado.
Para el próximo miércoles 7 de agosto, y entre una decena de ratificaciones de acuerdos de cooperación diplomática, se inscribieron otros dos proyectos con consensos consabidos del oficialismo y dialoguistas: regularización sobre armas de fuego y ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos.
Si bien la urgencia parlamentaria se encuentra en sancionar una reforma política antes del año electoral del 2025, el debate de seguridad reunirá en plenario a distintas comisiones (entre ellas, la de Presupuesto, por el financiamiento que implicarían las reformas) para fortalecer una redacción de consensos antes de aplicar modificaciones sensibles en el Código Penal. La actividad parlamentaria en seguridad no descarta la confluencia de otros proyectos, que van desde la ley contra la reincidencia, propuesta por Natalia Zaracho (Unión por la Patria), hasta agravamientos sobre reiterancia delictiva, firmada por Carolina Píparo (Buenos Aires Libre).
No habrían demoras para dictaminar el proyecto de los bloques federales, que buscan modificar el artículo 145 bis sobre Trata de Personas, penando “cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica”.
Entre los argumentos, se deducen las consecuencias del caso de Loan Peña: se habla de “entrega de niños”. Tampoco habría inconveniente en el apoyo a la iniciativa peronista de reformar la legislación sobre el secuestro de armas de fuego, incorporando el artículo 23 bis que establece un período máximo de seis meses para la destrucción de las incautaciones, con el fin evitar el mercado negro de municiones.
El proyecto que tiene menos claridad de plazos de aprobación es el de Abordaje Integral del Crimen Organizado, también conocido como Ley Antimafias. Los parámetros para definir qué es crimen organizado, las competencias federales en los distritos, la implementación de una fuerza especial, la arbitrariedad en establecer las mismas condenas a distintos delitos: las dudas planteadas por los legisladores y los especialistas se reiteran.
“Es un rompecabezas con piezas de diferentes juegos. Parecen que encajan, pero cuando lo ves de cerca te das cuenta que no tienen nada que ver. Es más la vocación por titular que por construir”, entendió el diputado peronista Matías Molle.
El radicalismo es la bancada no oficialista que cuenta con mayor voluntad de impulsar esta sanción, lo que se expresó en la presencia del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro en una de las comisiones de debate.
“Esperamos poder dictaminar con acuerdo, porque no es una cuestión que haga al interés del gobierno nacional exclusivamente, el crimen organizado forma parte de la agenda de seguridad de las provincias y son muchos los referentes locales los que están apoyando”, señaló para este medio la diputada Soledad Carrizo.