La Cámara de Diputados tiene prevista una sesión especial para el 15 de octubre. Como el Senado ya rechazó el decreto en 2024, una decisión en el mismo sentido de la Cámara baja dejaría sin vigencia sus disposiciones, aunque el alcance sobre las normas anteriores y los actos ya realizados requeriría un análisis particular.
La Cámara de Diputados se prepara para debatir el futuro del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei introdujo modificaciones en numerosas regulaciones económicas, comerciales, laborales y administrativas. Sectores de la oposición convocaron a una sesión especial para el 15 de octubre, con el objetivo de avanzar en su rechazo.
El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024. Por lo tanto, si Diputados adopta la misma decisión, se completaría el procedimiento previsto para dejarlo sin vigencia. El debate también pondría sobre la mesa qué ocurriría con las leyes derogadas o modificadas por el DNU y con las disposiciones aprobadas posteriormente.
El tratamiento legislativo cobró impulso después del reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. El tribunal dejó sin efecto una resolución judicial que impedía aplicar el artículo del DNU que derogó esa normativa, pero aclaró que su decisión respondió a la falta de legitimación de la entidad demandante y no constituyó un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la derogación.
Las regulaciones que quedarían bajo revisión
Uno de los principales puntos es el mercado de alquileres. El decreto derogó la Ley 27.551 y amplió la libertad contractual para establecer plazos, moneda de pago y mecanismos de actualización. Su eventual rechazo abriría interrogantes sobre el marco aplicable a los nuevos contratos, sin alterar automáticamente los derechos adquiridos durante su vigencia.
También se verían alcanzadas las disposiciones sobre obras sociales y medicina prepaga. El DNU modificó el sistema de elección de cobertura para los trabajadores y eliminó restricciones sobre las cuotas de las empresas del sector. Para determinar las consecuencias de su derogación habría que considerar, además, las normas posteriores que hayan modificado esas regulaciones.
En materia de precios y comercio, el decreto derogó la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, además de modificar el régimen de Compre Argentino. La primera contemplaba herramientas estatales de intervención sobre el abastecimiento y determinadas prácticas comerciales, mientras que la segunda fijaba reglas para la exhibición de productos en supermercados.
El comercio exterior constituye otro capítulo relevante. El DNU introdujo cambios en el Código Aduanero y restringió la posibilidad de establecer prohibiciones de importación y exportación por motivos económicos. Una eventual pérdida de vigencia obligaría a revisar cómo se articula ese esquema con las disposiciones posteriores.
En cuanto a las empresas públicas, la norma habilitó transformaciones societarias vinculadas con la reorganización del sector estatal. El alcance de un rechazo dependería de la situación jurídica de cada compañía y de las leyes, decisiones administrativas y operaciones concretadas desde diciembre de 2023.
El sector de las telecomunicaciones también quedaría comprendido en el análisis, debido a las modificaciones introducidas para facilitar la prestación de determinados servicios, entre ellos los de internet satelital. En este caso, habría que establecer qué autorizaciones y condiciones regulatorias continuarían vigentes.
La legislación laboral presenta una situación particular. Varios artículos del DNU fueron cuestionados judicialmente y, posteriormente, se aprobaron otras reformas sobre la materia. Por eso, el rechazo del decreto no supondría necesariamente el regreso íntegro al régimen vigente antes de diciembre de 2023.
Qué pasaría con las leyes derogadas
La caída del DNU no significa, por sí sola, que todas las leyes anteriores vuelvan a aplicarse automáticamente. La Ley 26.122 establece que el rechazo de ambas cámaras implica la derogación del decreto y preserva los derechos adquiridos durante su vigencia. El alcance de esa decisión sobre las normas previamente derogadas o modificadas es una cuestión jurídica que requiere distinguir cada caso.
Con la sesión convocada para el 15 de octubre, Diputados tendrá la posibilidad de completar el trámite parlamentario iniciado en 2024. Para avanzar deberá reunir el quórum reglamentario y, luego, alcanzar la mayoría necesaria para rechazar el DNU. Si eso ocurre, el debate continuará sobre las consecuencias concretas para los distintos sectores alcanzados por las reformas.