El Gobierno nacional desvinculó a Miriam Améndola tras el escándalo por el uso de términos ofensivos en una publicación oficial.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) despidió a Miriam Améndola, quien iba a asumir como coordinadora de Fiscalización Médica, luego de la polémica generada por la publicación de términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” en el Boletín Oficial.
El caso tomó estado público cuando se conoció que la Resolución 187/2025 del organismo, publicada el 16 de enero, incluía una terminología obsoleta y considerada ofensiva en su Anexo 1. Ante la repercusión, el Gobierno anunció que daba marcha atrás con la norma y responsabilizó a Améndola y a su antecesora, Tatiana Alvarado, quien participó en la redacción del documento pero dejó el cargo antes de su publicación.
El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, reconoció la gravedad del hecho e informó que las personas responsables de lo que pasó ya fueron desvinculadas.
La desvinculación de Améndola es, hasta el momento, la única medida tomada por el organismo.
El Gobierno aseguró que fue un “error” usar términos discriminatorios en una resolución
El jueves el Gobierno anunció que “modificará” la resolución 187 publicada en el Boletín Oficial hace un mes y medio, luego de la controversia que generó el uso de terminología discriminatoria para referirse a personas con problemas de salud mental.
En el Anexo I del documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se usaron los términos “idiota”, “imbécil”, “débil mental” y “retardado” para caracterizar a los que sufren problemas mentales, lo que causó rechazo en las organizaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad.
Tras la polémica por el uso de ese tipo de lenguaje, desde la ANDIS aclararon en un comunicado que fue un “error” haber utilizado esa terminología y sostuvieron que no hubo “ninguna intención discriminatoria”.
“Se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, explicó el organismo, y añadió que ese tipo de caracterizaciones fueron utilizadas en el pasado en medicina psiquiátrica, aunque se eliminaron por su carácter peyorativo.
A pesar de la modificación, el organismo sostuvo que la “corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación”.
Resolución del Gobierno que generó controversia
La resolución que generó controversia tiene como fin establecer criterios para evaluar a las personas que cobran pensiones por invalidez.
El anexo de la resolución 187/2025 establece una clasificación basada en coeficientes intelectuales (CI) para determinar el grado de discapacidad.
Dice lo siguiente:
-CI 0-30: “idiota”, sin capacidad de lectura ni escritura, sin control de esfínteres y sin posibilidad de subsistencia autónoma.
-CI 30-50: “imbécil”, con posibilidad de realizar tareas rudimentarias y atender necesidades básicas.
-CI 50-60: “débil mental profundo”, con capacidad de firmar, vocabulario simple y habilidades limitadas para el manejo del dinero.
-CI 60-70: “débil mental moderado”, con conocimiento de operaciones simples y capacidad para trabajos de baja exigencia intelectual.
-CI 70-90: “débil mental leve”, con escolaridad primaria o secundaria y posibilidad de desempeñar tareas más complejas.
Y describe la discapacidad intelectual como un “déficit en el crecimiento mental” y un “trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico”.
