El Gobierno nacional presentó este jueves una apelación contra el fallo del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente. Con esta decisión, el Ejecutivo busca revertir la resolución judicial que lo obliga a implementar la normativa aprobada por el Congreso.
La medida judicial surgió a partir de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes. En su resolución, el magistrado cuestionó que el Gobierno condicionara la ejecución de la ley a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas presupuestarias.
Cormick sostuvo que el Poder Ejecutivo no podía supeditar la aplicación de una norma que obtuvo respaldo legislativo incluso después del veto presidencial. Por ese motivo, dispuso su cumplimiento inmediato y exigió el dictado de las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para ponerla en funcionamiento.
Tras la apelación presentada por el Gobierno, el expediente será elevado a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que deberá revisar la decisión de primera instancia. La controversia judicial mantiene abierto el conflicto por la implementación de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de sus trabajadores.