El Senado de la Nación aprobó este jueves la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con 42 votos a favor y 26 en contra, al aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. La iniciativa impulsada por el oficialismo establece cambios en los procedimientos de desalojo, las expropiaciones y la regularización de escrituras, además de restituir las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La aprobación contó con el respaldo de los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas y Convicción Federal. También acompañaron los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, junto con Edith Terenzi. En tanto, votaron en contra el bloque Justicialista, el Frente Cívico por Santiago, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, Flavia Royón, Julieta Corroza y Fernando Salino.
Uno de los principales cambios incorporados por Diputados fue la restitución de la Ley de Tierras Rurales N° 26.737, que establece límites a la extranjerización de tierras en el país. La normativa fija un máximo del 30% de propiedad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones de hasta 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y áreas fronterizas.
En materia de desalojos, la nueva legislación contempla procedimientos abreviados para inmuebles usurpados o cuyos ocupantes sean tenedores precarios. En estos casos, los jueces podrán disponer la entrega inmediata de la propiedad cuando el derecho reclamado resulte verosímil y exista una caución juratoria. Asimismo, podrán intimar a la restitución del inmueble dentro de las 72 horas, siempre que el propietario acredite documentalmente su titularidad.
La situación será diferente para los inquilinos que registren deudas en el pago del alquiler. En esos casos, el propietario deberá enviar una carta documento para reclamar la regularización de los pagos y conceder un plazo mínimo de 10 días corridos, contados desde la recepción de la notificación, antes de avanzar con las medidas correspondientes.
Respecto de las expropiaciones, la ley establece que la declaración de utilidad pública por parte del Estado deberá interpretarse de manera restrictiva y contar con una fundamentación expresa. También incorpora un límite del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante, mientras que los intereses se calcularán tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa del Banco Nación a 30 días.
Finalmente, la norma introduce modificaciones en la denominada Ley Pierri, vinculada con la regularización dominial de viviendas. El objetivo es facilitar el acceso a las escrituras a familias que acrediten una posesión pública del inmueble durante los 10 años anteriores, siempre que se trate de una vivienda única y se cumplan los requisitos establecidos por la legislación.
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