El proyecto, parte de un conjunto de medidas de seguridad pública, establece penas “de 20 a 40 años de prisión” para delitos que atenten contra la vida del presidente o líderes de los otros poderes democráticos del país.
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó un proyecto de ley para defender las instituciones democráticas que propone instaurar penas de hasta 40 años de cárcel para quien atente contra el presidente o los líderes de los otros poderes en Brasil.
La medida, establece penas “de 20 a 40 años de prisión” para delitos que atenten contra la vida “del presidente de la República, del vicepresidente de la República, del presidente del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados, de los jueces del Tribunal Supremo Federal y del procurador general de la República”.
El anuncio se produce una semana después de que el juez del Supremo Alexandre de Moraes, objetivo habitual de insultos de bolsonaristas radicales, fuera increpado junto a su familia en el aeropuerto internacional de Roma.
El proyecto de ley del Gobierno también prevé penas de seis a 12 años de cárcel para quien organice o lidere movimientos antidemocráticos y de ocho a 20 años para quien los financie.
La propuesta es parte de un conjunto de medidas de seguridad pública que buscan endurecer la lucha contra los crímenes contra la democracia, elevando las sentencias, y también prevén medidas financieras contra los sospechosos.
Los proyectos, que fueron firmados por Lula en una ceremonia en el Palacio del Planalto, serán enviados para su análisis al Congreso Nacional.
Las iniciativas cobraron impulso tras los actos de golpe de Estado del 8 de enero, cuando radicales aliados del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y destrozaron la sede de los tres poderes, en Brasilia.
El Gobierno de Brasil señala que lo ocurrido el 8 de enero “que culminó en gravísimos daños a los poderes del Estado y a los bienes públicos, demostró que el tratamiento penal de los delitos contra el estado democrático de derecho requiere ser más severo para asegurar el libre ejercicio de los poderes y las instituciones democráticas, el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales y la propia soberanía nacional”.
A principios de julio, el Supremo Tribunal Federal (STF) ya había condenado a 1.290 personas por su participación en los ataques . Además, seis meses después de los hechos, alrededor de 250 personas seguían en prisión.
Según el Ejecutivo, con los proyectos de ley “se espera fortalecer tanto el fin retributivo de la pena (represión proporcional a la gravedad del delito), como el carácter preventivo, reforzando su poder intimidatorio sobre los destinatarios de la norma, así como reafirmando la existencia y eficacia del derecho penal brasileño”.