La ciudad de Brasilia amaneció con la seguridad reforzada, restricciones de tránsito y unos 4.000 policías en su zona céntrica ante la posibilidad de que se generen incidentes por el crucial juicio en que se decidirá esta tarde si el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva deberá ir a prisión por la condena por corrupción que pesa en su contra.
La audiencia será en la Corte Suprema y en ella se determinará si se acepta un habeas corpus intentado por la defensa de Lula, con el cual intenta impedir que sea encarcelado, tras haber sido condenado en segunda instancia a 12 años de prisión por corrupción.
Si el recurso fuera aceptado, Lula podría permanecer en libertad mientras se tramiten las dos últimas apelaciones posibles, pero si fuera negado podría ir a la cárcel en cuestión de días.
Diversos grupos que respaldan la tesis de que Lula es objeto de una “persecución política” anunciaron que se manifestarán frente al Supremo hoy, pero también harán lo mismo aquellos que consideran a Lula culpable de corrupción y claman por su encarcelación.
Para evitar posibles enfrentamientos, las autoridades decidieron que ambos bandos serán separados por vallas metálicas y tendrán un sitio particular para seguir las incidencias de la audiencia, en el área externa de la sede del Supremo.
También fue cerrado al tránsito la Explanada de los Ministerios, una céntrica avenida en la que se encuentran todos los edificios del poder público y en uno de cuyos extremos se encuentran el Palacio presidencial, el Congreso Nacional y la sede de la Corte Suprema.
Anoche, miles de personas se manifestaron tanto a favor como en contra del posible encarcelamiento del líder del partido de los Trabajadores, sin que hubiera incidentes.
Las movilizaciones se registraron en decenas de ciudades del país. Los abogados de Lula sostienen, amparados en la Constitución brasileña, que aún ratificada una condena en segunda instancia, como es su caso, todavía restan apelaciones en tribunales superiores y, por tanto, la pena todavía no puede ser ejecutada.
Sin embargo, a esa tesis se opone una cautelar dictada por el propio Supremo en 2016, que autoriza el encarcelamiento después de que un fallo haya sido confirmado en segunda instancia.
En esta causa penal, una de las siete que enfrenta en los tribunales, Lula fue hallado culpable de haberse beneficiado mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista en la trama de sobornos que envolvió a la estatal Petrobras.
La sentencia en la primera instancia fue de nueve años de cárcel, pero luego fue aumentada a 12 años y un mes por el Tribunal de segunda instancia de Porto Alegre.