“El compromiso que habíamos asumido en esta situación era el de elaborar un relevamiento en el lugar, para luego elevarlo al Municipio y a la Entidad Binacional Yacyretá. Nuestra parte está cumplida, pues fue entregado a las instituciones la semana pasada” salió a aclarar el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, respecto a las diversas declaraciones de los vecinos, que se encuentran asentados a la vera del arroyo Mártires, en donde piden presencia de la Defensoría.
“Además, se debe tener en cuenta que es un caso judicializado. No podemos intervenir en decisiones de la Justicia, sobre todo porque está bajo la carátula de usurpación. A diferencia de la CH 43, en este caso no hay arraigo, no hay historia. Se trata de numerosas familias provenientes de otros barrios, que han ido a ocupar ese lugar y exigen un hogar” explicó Penayo.
“El relevamiento fue realizado por nuestro equipo técnico, duró una semana y ya fue entregado a la EBY y a la Municipalidad. En manos de ellos, queda ahora evaluar cada situación familiar y determinar como proseguirán, ya que las tierras usurpadas les pertenecen” concluyó.
Cronología:
Hace más de un mes 150 familias se instalaron en unos terrenos ubicados en el acceso oeste, a la vera del Mártires. El 27 de febrero el Defensor y el encargado de Aguas y Tierras municipal Jorge Atencio, se acercaron a ellos a escucharlos. Ese día se firmó un acta, donde se comprometían a gestionar una mesa de diálogo con los dueños de los terrenos.
Dicha mesa se concretó un día después, con la presencia de todos los implicados: cinco referentes de las flias, Municipalidad, EBY, DDHH y Defensoría. En esa oportunidad, se firmó un nuevo documento donde las instituciones se comprometieron a realizar el relevamiento socio-ambiental.
El mismo se desarrolló, semanas después. Entre tanto, dos jueces emitieron el pedido de desalojo: Cardozo y Verón.
El 20 de marzo, el informe de las familias fue elevado a los organismos responsables. Ahora solo queda, la decisión política de cómo se procederá en cada caso particular.