El Ministerio Público consideró que hay elementos suficientes para dar inicio a una investigación que tiene como principal sospechoso al Jefe de Estado.
El fiscal federal Eduardo Taiano imputó formalmente al Presidente Javier Milei por negociaciones incompatibles con la función pública, estafa y delitos contra el orden financiero tras una oleada de denuncias presentadas la semana pasada luego de la creación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dejó cientos de damnificados.
El Ministerio Público consideró que hay elementos suficientes para dar inicio a una investigación que tiene como principal sospechoso al Presidente.
El expediente, que analiza posibles delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho, también involucra a Hayden Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.
Tras la ratificación de las denuncias en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, la jueza María Servini delegó la causa en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Taiano.
En el marco de la causa, se amplió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, con el propósito de preservar y recuperar evidencia clave.
Asimismo, ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, a la Inspección General de Justicia (IGJ), y a empresas como Google.
El rol de Javier Milei en el escándalo $LIBRA
El pasado viernes 14 de febrero, el presidente Milei difundió en sus redes sociales el denominado proyecto “Viva la Libertad Project”, con eje en la comercialización de la criptomoneda $LIBRA y orientado, según él, a financiar inversiones en Argentina.
La demanda por la divisa se disparó e infló su valor hasta que los inversores mayoritarios retiraron ganancias por 87,4 millones de dólares, lo que generó el colapso del valor de $LIBRA y, ante las primeras acusaciones de estafa, Milei eliminó su publicación.
El jefe de Estado dijo haber actuado “de buena fe”, sostuvo que difundió la criptomoneda, pero no la promocionó, y se negó a asumir responsabilidad por los damnificados.
Además de las denuncias en su contra, se presentó un pedido de juicio político por parte de diputados opositores, mientras que el Senado se intentó conformar una comisión investigadora que finalmente fue bloqueada por el oficialismo con sus aliados del PRO y un grupo de senadores radicales.
