Una jueza estadounidense Loretta Preska autorizó el embargo de 210 millones de dólares en activos del Estado argentino, una decisión que intensifica la presión sobre el país en su conflicto con los tenedores de bonos en default.
Preska, siguiendo el precedente establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos en enero, dio luz verde a la medida que beneficiará al fondo Attestor.
De acuerdo con el consultor Sebastian Maril, el fallo representa un punto de inflexión en las disputas legales que Argentina mantiene con los denominados holdouts, inversores que rechazaron participar en las reestructuraciones de deuda anteriores.
La orden judicial se ejecutará a través de la Reserva Federal de Nueva York, donde se procederá al congelamiento de los fondos correspondientes.
La medida judicial no se limita al embargo inmediato de los 210 millones de dólares, sino que también incluye el congelamiento preventivo de otros 100 millones, ampliando el alcance de las restricciones sobre los activos argentinos en territorio estadounidense, según informó el portal especializado 13 news.
El fallo de Preska tiene su origen en la crisis de deuda argentina y los intentos posteriores de reestructuración, que dejaron a diversos fondos de inversión con reclamos pendientes. La reciente decisión de la Corte Suprema estadounidense de permitir embargos sobre activos del Estado argentino abrió la puerta para que acreedores como Attestor pudieran ejecutar sus reclamos de manera más efectiva.
Preska, conocida por su participación en casos anteriores relacionados con la deuda argentina, como el de YPF, fundamentó su decisión en el marco legal establecido por la máxima corte norteamericana. Esta resolución podría sentar un precedente significativo para otros casos similares pendientes en tribunales estadounidenses.
El impacto de esta decisión podría afectar la capacidad de Argentina para gestionar sus activos internacionales y complicar aún más su situación en los mercados globales.