Sindicatos estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron convocar a un paro general para el 11 de febrero, fecha prevista para el tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación. La decisión fue adoptada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que además analiza la realización de protestas en todo el país para presionar a los gobernadores.
El anuncio fue realizado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo que una huelga general el día del debate legislativo resulta “necesaria y obligatoria para el movimiento obrero”, aunque remarcó que no debe tratarse de una acción aislada. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en un plan de lucha previo al inicio del tratamiento del proyecto en la Cámara alta.
Desde el espacio sindical impulsan movilizaciones en las provincias gobernadas por mandatarios que respalden la reforma laboral. Aguiar apuntó directamente contra los gobernadores, a quienes consideró actores centrales para la aprobación de la iniciativa, y los responsabilizó por avalar una legislación que, según afirmó, implica un fuerte retroceso en materia de derechos laborales.
El dirigente también cuestionó la estrategia del Gobierno nacional para sumar apoyos al proyecto y advirtió que la reforma busca debilitar las protecciones laborales y fortalecer el poder de los empleadores. En ese marco, llamó a los trabajadores estatales a manifestarse y rechazar lo que definió como una vulneración de principios constitucionales.
De la reunión participaron gremios de los sectores judicial, sanitario, vial, energético, de telecomunicaciones, bancario jerárquico, PAMI, portuario, docente y universitario, entre otros, además de jubilados, abogados laboralistas, ex jueces del fuero laboral y académicos.
Desde ATE señalaron que, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno, la reforma laboral sí impacta en el sector público, ya que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo que el proyecto busca modificar. Entre ellos mencionaron a PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, DGI, Aduana, la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, YCRT, ACUMAR, el Hospital Garrahan, Intercargo y Belgrano Cargas, entre otros.
Asimismo, denunciaron que la iniciativa introduce cambios en la presunción del vínculo laboral para trabajadores monotributistas, lo que, según indicaron, consolidaría situaciones de precarización tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios.