El diputado provincial Héctor “Cacho” Bárbaro, del Partido Agrario y Social (PAyS), presentó un proyecto de comunicación en la Legislatura de Misiones con el objetivo de visibilizar y encontrar soluciones a una problemática que viene afectando a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en la provincia.
En los últimos meses, se incrementaron los casos de personas que sufren la suspensión o la imposibilidad de acceder a sus beneficios debido a inconsistencias en los registros migratorios utilizados por organismos nacionales, principalmente la ANSES. Según se advierte, muchas de estas irregularidades responden a errores administrativos o fallas técnicas, pero terminan perjudicando directamente a sectores vulnerables.
La iniciativa plantea que los diputados nacionales por Misiones intervengan ante la ANSES y la Dirección Nacional de Migraciones para revisar los actuales mecanismos de validación de residencia. En ese marco, propone avanzar hacia criterios más flexibles que contemplen distintos medios de prueba, evitando que errores en los sistemas deriven en la pérdida de derechos.
Desde el PAyS alertaron sobre el fuerte impacto social de esta situación, teniendo en cuenta que muchas de las personas afectadas dependen exclusivamente de estos ingresos para subsistir. La interrupción de una jubilación o pensión repercute de manera inmediata en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos.
Asimismo, señalaron que en numerosos casos las inconsistencias no reflejan una residencia efectiva en el exterior, sino problemas en la carga de datos en pasos fronterizos, cortes de energía o fallas en los sistemas informáticos.
La situación se vuelve aún más compleja en una provincia fronteriza como Misiones, donde el cruce cotidiano hacia Paraguay y Brasil es habitual por motivos laborales, comerciales o familiares. Esta dinámica, sumada a deficiencias en los sistemas de registro, aumenta las probabilidades de errores que luego afectan trámites previsionales.
“El Estado no puede perjudicar a los ciudadanos por fallas propias. No es aceptable que alguien pierda su jubilación por un error administrativo o un dato mal cargado”, expresaron desde el entorno del legislador.
Cabe recordar que esta problemática ya fue advertida a nivel nacional por la Defensoría del Pueblo, que recomendó no utilizar exclusivamente los registros migratorios como criterio para definir el acceso a prestaciones, y avanzar hacia sistemas más amplios y equitativos.