La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) atraviesa una situación crítica como consecuencia del ajuste presupuestario que afecta a todas las universidades públicas del país. Sin actualización de partidas desde hace dos años, y con una inflación que licuó los fondos operativos y los salarios, la continuidad de las actividades académicas para lo que resta del 2025 está en riesgo.
El funcionamiento diario de la UNaM ya muestra signos de deterioro: los servicios de comedor, los programas de becas y albergue estudiantil, la movilidad, y los proyectos de investigación están seriamente afectados por la caída en el presupuesto real. Las autoridades académicas evalúan si habrá fondos suficientes para cubrir el segundo cuatrimestre del año, ante la falta de certezas sobre el financiamiento.
A esta crisis material se suma la pérdida de docentes e investigadores, que frente a sueldos congelados y pérdida del poder adquisitivo, migran hacia otras alternativas laborales, tanto en el ámbito privado como en el exterior. Esta fuga de talentos pone en jaque la capacidad formativa y científica de la UNaM, y limita su proyección como universidad pública regional.
La situación golpea con especial fuerza a estudiantes del interior de la provincia, quienes dependen de las becas y los servicios de apoyo para sostener su cursada. Con los montos congelados y los precios en alza, crece la deserción, especialmente entre los sectores más vulnerables. Esto pone en riesgo el acceso a la educación superior, uno de los pilares fundamentales de inclusión en Misiones.
Aunque avanza en el Congreso un proyecto de ley para garantizar el financiamiento universitario, el futuro aún es incierto. Incluso si se aprueba, su implementación dependerá de la voluntad del Ejecutivo. En ese contexto, la UNaM, como muchas otras universidades, transita un escenario de emergencia en el que se pone en juego no solo su funcionamiento, sino también su rol estratégico para el desarrollo social, científico y productivo de la región.