Travis Warner es un empresario de tecnología en Texas que se dedica desde hace años a instalar conexiones de internet y sistemas de video en su ciudad. Con la llegada de la pandemia de coronavirus, y el repentino aumento de gente trabajando desde sus casas, el nivel de demanda de sus servicios creció exponencialmente.
Sin embargo, esto significó que Warner y sus empleados visitaran las casas de sus clientes todos los días, exponiéndose al riesgo de contagio cuando el nivel de circulación del virus estaba en alza y alcanzando sus puntos más altos. Hasta que un día ocurrió lo inevitable: uno de sus empleados resultó positivo de COVID-19.
En ese momento se aisló preventivamente junto a su esposa y, pasados los días correspondientes, fueron en busca de un test PCR y antígenos para saber si tendrían que mantenerse en aislamiento o no. Esto no fue una tarea fácil ya que debido a la alta demanda y a la falta de pruebas tuvieron que irse hasta otra ciudad de Texas para realizárselos. Allí, en Lewisville, se realizaron tanto el PCR como el de antígenos.
A los pocos días llegó el alivio, los resultados de ambos habían dado negativo. Pero luego, todo cambió: llegó la factura médica. El cargo por ambas pruebas -PCR y antígenos- de Warner fue de 54.000 dólares, que sumados a otros cargos del hospital cerraban la cuenta final en ¡56.384 dólares!
De todas formas, una legislación aprobada por el congreso de Estados Unidos el año pasado eximía a los particulares de tener que afrontar los costos de los tests de coronavirus y hacía responsable de la totalidad de los pagos a las empresas de seguro. Esta decisión se tomó para evitar que las personas no se hagan los testeos necesarios por temor a su costo. Por ende, se estableció que mientras durara la emergencia sanitaria -vigente hasta mediados de octubre por el momento-, las empresas de seguro médico debían hacerse cargo del costo completo de las pruebas.
Si bien la medida estuvo pensada para ayudar a los pacientes, terminó dándole una especie de vía libre a los servicios médicos a cobrar precios exorbitantes por tests que de otra forma serían más baratos. Pueden hacer esto no solo porque las empresas de seguro están obligadas a pagar la totalidad del costo, sino también, y sobre todo, porque el paciente al no sentirse perjudicado por esto lo deja pasar sin involucrarse demasiado.
Esto no fue así en el caso de Warner. Él, al ver el desmesurado precio en su factura y en particular después de compararlo con el de su esposa -que se realizó los mismos tests, el mismo día y en el mismo lugar pero recibió una factura de 2.000 dólares- decidió hacer algo al respecto. Luego de numerosas llamadas telefónicas con el centro de salud y su centro de facturación, y luego de una espera que duró meses, recibió un correo de su aseguradora que le afirmaba que habían auditado la factura y habían recuperado casi todo el dinero que habían pagado originalmente, de acuerdo a NPR.
El centro de salud, SignatureCare Emergency Centers, si bien no hizo comentarios sobre este caso específico, explicó que tienen un margen de error del 2% a la hora de facturar y que, debido a la pandemia, este último año habían recibido una “demanda sin precedentes” y procesaban miles de operaciones por día; adjudicando el monto a un error involuntario. Ahora, en su página web publican que el costo del test de COVID-19 cuesta 175 dólares, un número algo menor al que le quisieron cobrar a Warner.
Así fue como Travis Warner, gracias a sus ganas de involucrarse, le ahorró a su aseguradora decenas de miles de dólares y quizá haya evitado que a otros les ocurra lo que le pasó a él.
Fuente: Infobae