Finalmente, cayó la máscara de la operación impulsada por el diputado provincial del PRO, Miguel Núñez, y su abogado, Fernando Acosta.
La reciente decisión del Juez Federal Ariel Lijo, quien desestimó por “infundada” la denuncia presentada por Núñez, sacudió el ámbito opositor de la provincia y ratificó las políticas de Misiones hacia una producción más sana y libre de glifosato.
El legislador lideró una campaña, con el patrocinio de su abogado, en contra del uso de bioinsumos, presentando denuncias infundadas ante la justicia federal que fueron desestimadas por falta de pruebas.
La resolución, que se conoció el 2 de octubre, marcó un punto de inflexión en un caso que había cobrado relevancia mediática, apoyado por una intensa campaña en redes sociales y la participación de comunicadores que tradicionalmente abogan por los intereses de un sector rural que se resiste a una producción más amigable con el medioambiente y la salud de sus consumidores.
El juez Lijo argumentó que la denuncia carecía de pruebas concretas y fundamentos sólidos, lo que llevó al archivo de las actuaciones. En su resolución, el magistrado destacó que “la puesta en marcha de una investigación penal en un Estado de Derecho demanda la existencia de una sospecha suficiente, indicativa de la comisión de un delito determinado”.
Lijo consideró que la denuncia de Núñez no solo era débil, sino que se asemejaba a lo que en la doctrina jurídica se denomina “excursión de pesca”, es decir, una búsqueda de información sin un motivo real, que solo consume recursos judiciales.
Para entender mejor la causa, cabe recordar que la denuncia se centraba en la supuesta comercialización irregular de un bioherbicida por parte de la empresa Agrosustentable, ubicada en el Parque Industrial de Posadas, una firma que trabaja en el sector del agro a través de la venta de bioinsumos, es decir, productos que mejoran las cosechas sin dejar residuos, ni contaminan los suelos a largo plazo como lo hacen los sistemas tradicionales.
Sin embargo, los informes solicitados al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmaron que en las inspecciones no se halló el producto denunciado, dejando en evidencia la falta de fundamentos en las acusaciones de Núñez.
“El director Esteban José Sampietro, a cargo de la Dirección de Estrategia y Análisis de Riesgo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, emitió su opinión concluyendo que ‘en las inspecciones no se halló el producto denunciado’”, se añadió en el expediente.
Además, el fiscal encargado del caso también hizo eco de esta falta de pruebas, señalando que los argumentos presentados eran demasiado generales y no aportaban elementos objetivos para iniciar una investigación. La decisión del juez Lijo se sustentó en esta crítica, concluyendo que la denuncia no ofrecía una base fáctica sólida y, por ende, no podía avanzar.
El contexto político en el que se desarrolló esta denuncia es importante. Miguel Núñez es un diputado del PRO conocido por su cercanía a los intereses de un sector agropecuario y por su posición favorable al uso de glifosato, un herbicida controvertido que es y ha sido objeto de debates en Misiones y otras provincias por sus efectos nocivos en la salud.
Acompañado por Acosta, un abogado que ganó notoriedad en la defensa de los intereses de estos ruralistas, Núñez buscó deslegitimar las políticas provinciales que promueven la transición hacia el uso de bioinsumos y la prohibición gradual del glifosato, prevista para 2029.
La estrategia de Núñez y Acosta incluía no solo la presentación de la denuncia, sino también una fuerte campaña de comunicación en medios y redes sociales, donde se intentaba instalar la narrativa de que existían irregularidades en la gestión del gobierno provincial. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y el desinterés de la Justicia por sus argumentos dejaron a ambos en una situación comprometida.
Acosta, un abogado sin pruebas
Fernando Acosta es un abogado misionero con un perfil polémico. Conocido por su defensa de un grupo de productores agropecuarios, es un referente en la lucha contra regulaciones que buscan limitar el uso de agroquímicos en la provincia. Su relación con Núñez y otros actores políticos lo posiciona en el centro de la controversia, especialmente cuando se trata de cuestionar las políticas ambientales y de salud pública que afectan al sector rural.
Acosta es patrocinador de numerosas denuncias, muchas de las cuales fracasaron en los tribunales, lo que comenzó a generar dudas sobre la viabilidad de sus estrategias legales. Este último revés judicial no es el primero; recientemente, el Juzgado Federal de Oberá también desestimó una medida cautelar presentada por un grupo de productores, en la que Acosta buscaba frenar la implementación de la Ley de Promoción de Bioinsumos.
La ley, que establece un cronograma para la transición hacia el uso de productos orgánicos y la prohibición del glifosato, ha sido un foco de resistencia por parte de algunos sectores del agro, que ven en ella una amenaza a sus prácticas y economías. Sin embargo, los intentos de llevar este tema a la justicia tuvieron resultados infructuosos, algo que comenzó a deteriorar su credibilidad.
Sanción a Núñez por “conducta indigna y desleal”
En respuesta a la desestimación de la denuncia, la Cámara de Representantes de Misiones decidió sancionar al diputado Miguel Núñez por su conducta considerada “indigna y desleal”. Durante la sesión, el presidente de la Cámara, Oscar Herrera Ahuad, expresó que las acciones de Núñez habían puesto en evidencia un “accionar malicioso, mentiroso e ilegítimo”, que no solo agraviaba a sus colegas, sino que también dañaba la integridad del cuerpo legislativo.
En su intervención, Herrera Ahuad hizo hincapié en la importancia de mantener los principios de honorabilidad y respeto dentro de la Cámara, señalando que acciones como las de Núñez no podían ser toleradas.
La denuncia que Núñez presentó ante la Justicia no solo involucraba a la empresa Agrosustentable, sino que también apuntaba a altos funcionarios del gobierno provincial, incluyendo al propio Herrera Ahuad y al diputado Rafael Pereyra Pigerl. Núñez acusó de manera infundada a sus colegas de convivencia y de utilizar fondos públicos de manera inapropiada, algo que la Justicia Federal consideró carente de fundamento y, por lo tanto, decidió archivar.
El revés judicial sufrido por Núñez y Acosta no solo pone en cuestión sus futuras acciones legales, sino que también abre un debate más amplio sobre el futuro del agro en Misiones. Las iniciativas que buscan regular el uso de agroquímicos están respaldadas por una creciente conciencia pública sobre la salud y el medio ambiente, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la dependencia de prácticas agrícolas tradicionales que involucran el uso de sustancias químicas.
Misiones y su Ley de Bioinsumos
En 2023, Misiones dio un paso importante hacia la agricultura sostenible con la aprobación de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos. Desde entonces, la normativa estableció un marco regulatorio que busca fomentar el uso de bioinsumos en diversas áreas productivas de la provincia, alineándose con tendencias globales en prácticas agrícolas más responsables.
Los bioinsumos, que se componen de organismos vivos como bacterias, hongos y extractos naturales, se utilizan tanto como fertilizantes como para el control biológico de plagas. La implementación de esta ley tiene tres objetivos clave: primero, promover la producción de alimentos más ecológicos que beneficien la salud de la población; segundo, mejorar la productividad de las chacras misioneras al mantener la fertilidad del suelo mediante el uso de fertilizantes orgánicos; y tercero, garantizar la seguridad de los productores al utilizar insumos biológicos con bajo riesgo para su salud.
Es una legislación fundamental para asegurar la provisión de bioinsumos a los agricultores, fortaleciendo así la capacidad productiva de la provincia con un profundo respeto y cuidado del medio ambiente.
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