Germán Kiczka, el ex diputado provincial condenado a 14 años de prisión por tenencia, facilitación y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), inició una huelga de hambre y se autodefinió como un “preso político” mientras aguarda la revisión de la sentencia por parte del Superior Tribunal de Justicia.
Las declaraciones generaron repercusiones en el ámbito judicial. En una entrevista concedida a una radio de Posadas, el juez César Yaya, integrante del tribunal que intervino en el proceso, se refirió a los planteos del ex legislador y defendió la solidez de las pruebas incorporadas durante el debate oral.
“El material encontrado en sus dispositivos electrónicos no era político”, sostuvo el magistrado al responder a la calificación utilizada por Kiczka. En ese sentido, remarcó que la causa se sustentó en evidencia concreta y agregó que “las cosas que había ahí no solamente no dejaban dudas, sino que eran aberrantes”.
Yaya también explicó que la apertura de un recurso de casación no implica una modificación automática del fallo. Según precisó, la instancia superior revisará de manera integral la sentencia para garantizar el principio del doble conforme, aunque eso no significa que la condena vaya a ser revocada.
Al referirse al contenido analizado durante la investigación, el juez fue especialmente contundente. “En este momento se me vuelve a poner la piel de gallina de solo pensar las cosas que yo vi”, expresó. Además, afirmó que el material incorporado como prueba resultó impactante por su gravedad y por las características de las imágenes y videos hallados.
Mientras continúa detenido, Kiczka sostiene que la pena impuesta fue excesiva y que existieron irregularidades en el proceso. Sin embargo, desde la Justicia insisten en que la condena se basó en las conductas acreditadas durante el juicio y en un conjunto de pruebas que, según Yaya, resultaron determinantes para arribar al veredicto.
En el mismo proceso judicial también fue condenado su hermano, Sebastián Kiczka, quien recibió una pena de 12 años de prisión por delitos vinculados a la tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil. Ambos fueron hallados culpables tras un extenso juicio oral que concluyó en abril de 2025 con una sentencia considerada histórica para la Justicia misionera por la gravedad de los hechos investigados y la magn