El Ministerio de Capital Humano, con patrocinio de la Procuración del Tesoro, apelará la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que suspendió artículos de la Ley 27.802 tras una presentación de la Confederación General del Trabajo. El Ejecutivo busca revertir la decisión y sostener la vigencia de la reforma, mientras el expediente avanza en instancias superiores.
El fallo, firmado por el juez Raúl Horacio Ojeda, hizo lugar al planteo sindical al considerar que podrían verse afectados derechos laborales, y ordenó frenar de manera provisoria un conjunto amplio de disposiciones hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La cautelar impacta sobre los ejes centrales de la reforma. Quedaron suspendidos cambios en despidos e indemnizaciones, incluido el nuevo cálculo y el Fondo de Asistencia Laboral; restricciones al derecho de huelga y a la actividad sindical; modificaciones en la negociación colectiva, como la prioridad de convenios por empresa; y la derogación del régimen de teletrabajo junto a nuevas modalidades como el banco de horas.
También se frenaron disposiciones sobre trabajadores de plataformas, que buscaban encuadrarlos como independientes; límites a la responsabilidad en la tercerización; flexibilizaciones en el período de prueba; y cambios en la Justicia laboral, como la transferencia de competencias y nuevas condiciones para el pago de sentencias.
El Gobierno sostiene que la ley apunta a generar empleo formal y mejorar la competitividad. La medida judicial, de carácter provisorio, bloquea los puntos centrales de la reforma y deja su aplicación sujeta a la revisión de tribunales superiores.