Una investigación periodística reveló que el Gobierno nacional recaudó más de $1,5 billones destinados por ley a obras viales durante los primeros dos años y medio de la gestión de Javier Milei, pero ejecutó apenas una cuarta parte de esos recursos. El excedente, superior a $1 billón, fue colocado en inversiones financieras, principalmente títulos públicos.
El informe, elaborado por el periodista Hugo Alconada Mon y publicado por La Nación, señala que los fondos provienen del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso que se financia con una parte de la recaudación del impuesto a los combustibles.
El mecanismo fue creado en 2001 con el objetivo de garantizar que esos recursos fueran destinados exclusivamente a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial nacional. De esta manera, los fondos quedaron separados de otros ingresos del Estado para evitar que fueran utilizados para financiar gastos corrientes.
Sin embargo, de acuerdo con documentación oficial, balances y reportes obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública, la subejecución de los recursos del SisVial durante la actual administración promedia el 73,8%.
Los fondos fueron destinados a inversiones financieras
Mientras una parte de los recursos permaneció sin ejecutar, el dinero acumulado en una cuenta administrada a través del Banco Nación fue colocado progresivamente en instrumentos financieros.
Según la investigación, las inversiones pasaron de estar concentradas inicialmente en plazos fijos a orientarse principalmente hacia títulos del Tesoro, entre ellos LECAP, BONCAP y LECER, por disposición del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo.
Un exfuncionario consultado por el medio describió el manejo de esos recursos como una dinámica similar a la de una “mesa de dinero”, debido a que los fondos destinados a infraestructura permanecen invertidos mientras las obras viales registran bajos niveles de ejecución.
El resultado es un fuerte contraste entre el saldo financiero acumulado y el estado de buena parte de las rutas nacionales.
El deterioro de las rutas y el reclamo de las provincias
Según la investigación, con los recursos que permanecieron sin ejecutar podrían haberse reparado entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas, una extensión equivalente a casi dos tercios de la red vial nacional.
El deterioro de las rutas generó reclamos de distintos gobernadores. Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, sostuvo que las rutas de su provincia ya no tienen simplemente pozos, sino “cráteres”, mientras que Alberto Weretilneck, de Río Negro, las describió como “rotas y olvidadas”.
También se sumaron cuestionamientos de los sindicatos vinculados a Vialidad Nacional y observaciones de organismos de auditoría internacionales, que detectaron casos en los que el Estado nacional no realizó aportes previstos para obras que contaban con financiamiento externo.
La investigación expone así una contradicción entre el destino legal de los recursos y su utilización efectiva: mientras el Gobierno acumula e invierte financieramente fondos destinados al mantenimiento de las rutas, la infraestructura vial nacional atraviesa un marcado deterioro.