El Gobierno espera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) brinde el último aporte a la gestión de Mauricio Macri para este año. El organismo financiero deberá aprobar en los próximos días el plan de amento de gastos para fin de año, incluyendo el pago del bono para los empleados públicos y, quizá, un aporte extra para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Para que los hombres del FMI den el visto bueno, el Ejecutivo tiene un argumento sólido: los números fiscales del año acumulados a diciembre, son mejores a los esperados y comprometidos en el acuerdo 2.0 firmado con el organismo en septiembre pasado. Y los recursos fiscales alcanzarían para hacer frente a los gastos extras que demandará el plan “Felices Fiestas” que Macri tiene en mente para garantizar un buen final para el 2018. Y preparar el trascendental 2019.
Será el propio Presidente el que, personalmente, terminará de negociar el apoyo final al país para cerrar el ejercicio actual, sin que el FMI cuestione el incremento del gasto. Macri será anfitrión desde el 30 de noviembre de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, una de las invitadas especiales que tendrá el país para la cumbre del G-20 de Buenos Aires. Además estará el presidente norteamericano Donald Trump, padrino del acuerdo con el FMI y, por si hiciera falta, el chino Xi Jinping; este último, desde hace tiempo, con la intención de convertir a su país en uno de los de mayor presión en el organismo. De hecho es ya el segundo aportante de dinero para que el FMI tenga fondos prestables. Xi Jimping vendrá además con el acuerdo firmado la semana pasada en Beijing por el presidente del Banco Central Guido Sandleris, por unos u$s8.700 millones; que completan unos u$s19.000 del swap final que China le prestará al país.
El equipo económico sabe que estos apoyos serán fundamentales para que Lagarde dé el visto bueno al cierre de los números del 2018. Desde el lunes están revisando, exhaustivamente, las cuentas del país el responsable del caso argentino, Ricardo Caldarelli, y el representante permanente en la Argentina, el jamaiquino Trevor Alleyne. Saben en Buenos Aires que el tándem no avalaría el aumento del gasto público que tiene proyectado el gobierno; especialmente en el caso del bono de fin de año de $5000 y el eventual pago extra a jubilados. De hecho, en la mira del FMI, siempre estuvo el déficit previsional crónico argentino; al punto de obligar a los negociadores que firmaron el acuerdo 2.0 de septiembre, a comprometerse a avanzar el próximo año con un proyecto de ley de reforma jubilatoria. Esto aun sabiendo que políticamente es imposible que una idea semejante pueda ser aprobada en el Congreso durante el durísimo año electoral 2019. En todo caso, y así se lo hicieron saber al board del Fondo, podría ser uno de los primeros proyectos en ser presentados al Poder Legislativo ante un eventual triunfo de Cambiemos en la reelección de Mauricio Macri.
Para que Caldarelli y Alleyne no sean tan duros con el plan “Felices Fiestas”, el Gobierno le presentará datos positivos de la marcha de las cuentas fiscales hasta noviembre. Según las proyecciones del equipo económico, el déficit fiscal proyectado para este año no superará el 2,5%, cuando el compromiso original era de 2,7%. Incluso se demostraría que el Ejecutivo está en línea para proyectar hacia 2019 una reducción acelerada ya en el primer semestre del año, lo que si bien no garantizaría el promocionado “déficit cero”, al menos lo acercaría. No se lo dirá públicamente, pero la proyección de la que habla el Gobierno para todo el 2019 se acercaría aún 0,4%; un desvío que podría ser manejable y defendible ante el FMI. Para esto habrá tiempo. Será cuestión de plantearse en el último trimestre de 2019 con la victoria de Macri en la mesa de discusiones. Si Macri perdiera, el tema será responsabilidad de su sucesor.
Si, mientras tanto se cumple el déficit menor a 2,7% para este año, y el Gobierno se garantiza el financiamiento para el comienzo de 2019; se especula con que el comienzo de la batalla para el 2019 estará ganada. La visión oficial es que, en serio, la economía comenzará a dar resultados positivos en el segundo trimestre del próximo año; tal como coincidieron Caldarelli y Alleyne en sus primeras declaraciones al llegar al país. Los datos fiscales que se le presentan en estos días al FMI, incluyen la buena perfomance de la recaudación, incluyendo el ritmo de aproximadamente 10.000 millones de pesos mensuales que están aportando las nuevas retenciones a las exportaciones aplicadas desde el mes pasado por el Gobierno, y que para la AFIP representan la posibilidad de seguir con la recaudación impositiva al ritmo de la inflación. Con todo esto se le mostrará al FMI que el dinero para el aumento del gasto en diciembre (empleados públicos, jubilados y AUH), tendrá financiamiento y no alterará la meta de 2,7%. En todo caso, no se cumplirá la esperanza que en algún momento manejó el equipo económico, de acercarse al 2% de déficit final para este año
El otro argumento a favor es la marcha de la Zona de No Intervención. En este capítulo el Gobierno le demostró al FMI que la nueva política monetaria implica una mayor estabilidad del dólar y que, lo más importante para Washington, el dinero aportado por el FMI no se está utilizando para financiar corridas o sostener el valor del dólar. Se sabe que dentro del board el principal cuestionamiento a cualquier país es que el dinero que se presta desde el FMI se utilice para financiar gastos corrientes.
Los términos del nuevo acuerdo habían sido negociados a comienzos de septiembre en Washington, fundamentalmente por Guido Sandleris, que diseñó junto con el vicepresidente de la entidad, Gustavo Cañonero, la “zona de no intervención” en el mercado cambiario de entre los 34 y los 44 pesos. Sandleris discutió, además, con Lagarde, el mexicano Alejandro Werner (el director gerente para el hemisferio occidental) y Caldarelli, la manera en que se aplicaría la política de reducción a cero de la emisión monetaria y la posterior generación del equilibrio fiscal durante 2019.