La industria textil argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, con niveles de actividad en mínimos históricos y una fuerte pérdida de empleo que ya supera los 20.000 puestos de trabajo desde fines de 2023.
Según el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), en enero la producción del sector registró una caída interanual del 23,9%, marcando el nivel más bajo desde el inicio de la serie en 2016. La contracción, además, fue muy superior al promedio industrial, ya que representa una baja casi ocho veces mayor que la del conjunto de la industria.
El deterioro también se refleja en el uso de la capacidad instalada. Mientras que la industria en general operó al 53,6%, el sector textil apenas alcanzó un 24%, evidenciando un fuerte incremento de la capacidad ociosa y una caída sostenida de la actividad.
En paralelo, el impacto en el empleo continúa profundizándose. En diciembre de 2025, los rubros textil, confección, cuero y calzado sumaban 100.000 trabajadores formales, lo que implica una pérdida de 12.000 puestos en un año. Desde febrero de 2024, el empleo muestra caídas interanuales constantes, acumulando más de 20.000 despidos desde el cambio de ciclo económico.
A este escenario se suma una creciente preocupación del sector empresario por la subfacturación en importaciones textiles. De acuerdo con FITA, más del 70% de los productos que ingresan al país lo hacen con valores “significativamente inferiores” a los registros históricos, e incluso por debajo de los costos de producción.
Como ejemplo, señalaron casos de remeras de algodón importadas por menos de u$s0,01, toallas por debajo de u$s0,30 el kilo o jeans a menos de u$s1, lo que, según advierten, genera distorsiones en el mercado y competencia desleal para la industria local.
En este contexto, la gerenta general de FITA, Celina Pena, advirtió que la repetición de estas prácticas en un escenario de caída de la actividad y el empleo “demanda acciones que eviten distorsiones en las condiciones de competencia”. Además, remarcó que la normativa vigente contempla herramientas para abordar estas situaciones y que su aplicación permitiría proteger la recaudación, recuperar valor agregado y sostener el empleo en una actividad con fuerte presencia federal.