El Gobierno nacional avanzó en una nueva etapa de desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) con impacto directo en Misiones, principal provincia productora. A través de la Resolución 2/2026, publicada en el Boletín Oficial, se eliminaron y flexibilizaron normas históricas de control de calidad de la yerba mate, profundizando el recorte de funciones del organismo y dejando más expuestos a los pequeños productores frente a los grandes actores del mercado.
La medida se inscribe en la política de simplificación normativa impulsada por la gestión de Javier Milei y se apoya en los decretos nacionales 90/2025 y 812/2025, que limitaron la capacidad del INYM para intervenir en la regulación del sector. En los hechos, el Instituto queda impedido de dictar normas que puedan ser interpretadas como distorsivas del mercado, aun cuando su objetivo sea ordenar la actividad o proteger a los eslabones más débiles de la cadena productiva.
La resolución deroga las normativas 152/2021, 373/2021 y 347/2021, y modifica artículos centrales de la Resolución 11/2017, que regulaba el control de calidad de la materia prima. Si bien se mantienen controles formales en la recepción de hoja verde, los procedimientos se simplifican y se reducen las instancias de fiscalización directa. En el almacenamiento de yerba canchada, se amplía la variedad de envases y depósitos habilitados, permitiendo sistemas como los “big bags”, siempre que se evite el contacto con el suelo y la humedad, con menores exigencias de control estatal.
Otro cambio clave es el traslado de responsabilidades a los propios actores del sector. La separación de palo grueso y cuerpos extraños pasa a quedar exclusivamente en manos de los secaderos, mientras que los parámetros de calidad —como humedad, polvo, semillas y controles microbiológicos— se mantienen, pero bajo protocolos más flexibles que los vigentes hasta ahora.
En Misiones, estos cambios generan una fuerte preocupación en el sector productivo. Mientras que para los grandes industriales la desregulación implica menos controles y mayor libertad operativa, para los pequeños productores y colonos significa una pérdida de protección institucional en un mercado históricamente asimétrico. Con un INYM con menos herramientas, advierten que se profundiza el riesgo de concentración, caída de precios y debilitamiento de la capacidad de negociación de los productores primarios.
Desde distintos sectores yerbateros señalan que la desregulación no solo redefine el rol del Instituto, sino que altera el equilibrio que durante años funcionó como un sostén para la actividad en la provincia. En ese marco, la Resolución 2/2026 aparece como un nuevo punto de inflexión en la política nacional hacia la yerba mate, con consecuencias directas sobre la economía regional misionera y el futuro de miles de familias productoras.