La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrió un nuevo revés judicial en la causa iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por una presunta retención indebida de tributos. La Sala A de la Cámara en lo Penal Económico confirmó lo resuelto en primera instancia y rechazó el planteo de “falta de acción” presentado por la defensa, por lo que la investigación seguirá adelante.
El tribunal también ratificó la imposición de costas a los imputados, consolidando así la continuidad del expediente en esta etapa preliminar.
La causa se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador, que sostiene que la AFA habría retenido impuestos y aportes a la seguridad social sin realizar los depósitos correspondientes dentro de los plazos legales. Según el requerimiento fiscal, los montos involucrados corresponden a distintos períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con cifras que superarían ampliamente los límites establecidos por la ley penal tributaria.
En ese contexto, el juzgado ya había dispuesto el procesamiento de varios dirigentes, entre ellos el presidente de la entidad, Claudio Tapia, junto a otros responsables vinculados a la conducción.
La defensa argumentó que, al momento de los vencimientos, estaban vigentes resoluciones del Ministerio de Economía que suspendían el inicio de ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro, categoría en la que se encuadra la AFA. Bajo ese criterio, sostuvo que no existía una obligación exigible y, por ende, tampoco delito.
Sin embargo, los jueces descartaron esa interpretación. Señalaron que la suspensión de ejecuciones fiscales no elimina la obligación de pago ni modifica los vencimientos, por lo que no alcanza para descartar la posible comisión de un delito.
Además, remarcaron que la inexistencia del hecho ilícito no resulta evidente, condición necesaria para aceptar una excepción de falta de acción. Por ello, concluyeron que el fondo de la cuestión deberá analizarse en el marco de la investigación principal.
Con esta resolución, la Cámara ratificó la continuidad del proceso penal y dejó abierta la evaluación sobre la eventual responsabilidad de los imputados, en una causa que podría derivar en sanciones por apropiación indebida de tributos y aportes previsionales.