La Justicia comercial decretó la quiebra de Garbarino, la histórica cadena argentina de electrodomésticos, y ordenó la liquidación total de la compañía, luego de que fracasara el proceso de concurso preventivo iniciado en 2021.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, en un fallo fechado el 4 de marzo que se conoció públicamente este jueves.
En su resolución, el magistrado sostuvo que ya no existían alternativas viables para evitar la quiebra, debido a que la empresa no logró reunir las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo de pago dentro del proceso concursal.
A partir de esta decisión judicial, Garbarino pierde el control sobre sus bienes y su patrimonio, que pasarán a ser administrados por la sindicatura designada por la Justicia, encargada de avanzar con el proceso de liquidación.
El fallo también dispuso inhabilitaciones para las autoridades de la empresa. Carlos Rosales (presidente), María Marta Facio (vicepresidenta) y Gabriel Rosales (director) quedaron impedidos de ejercer el comercio y no podrán salir del país hasta octubre de 2026, fecha en la que la sindicatura deberá presentar su informe final.
En el marco del proceso, la Justicia ordenó la clausura e inspección de varios locales comerciales, entre ellos los ubicados sobre Avenida Cabildo, la calle Uruguay y en el barrio de Almagro, en la Ciudad de Buenos Aires.
La declaración de quiebra no solo alcanza a Garbarino, sino también a las empresas Tecnosur y Digital Fueguina, ambas radicadas en Tierra del Fuego, debido a sus vínculos societarios con la cadena de electrodomésticos.
Empresas en crisis
La situación de Garbarino se suma a una serie de empresas que en los últimos tiempos enfrentaron serias dificultades económicas o directamente el cierre de sus operaciones.
Entre los casos más recientes aparece el de Fate, que paralizó su planta tras más de 80 años de actividad, en medio de un conflicto entre la empresa y el sindicato. El Gobierno nacional intervino mediante una conciliación obligatoria cuyo plazo vence el 11 de marzo, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo.