La Procuraduría de Investigaciones Administrativas analiza traslados vinculados al jefe de Gabinete, entre ellos el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial y otro desplazamiento familiar a Punta del Este.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía especializada en hechos de corrupción, abrió este jueves una investigación preliminar por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es la primera causa judicial abierta sobre los hechos.
De esta manera, ya se comenzó a investigar el viaje de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, a Nueva York, Estados Unidos, en el avión presidencial junto a la comitiva oficial. Además, también se investigará el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este, en Uruguay.
“Intentaron con mentiras, con fake news y con imágenes trucadas por inteligencia artificial empañar este evento, pero no nos van a correr de algo: estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos”, afirmó Adorni el miércoles durante Argentina Week, defendiéndose de las críticas y acusaciones.
Denuncias judiciales
El episodio derivó en denuncias judiciales y reclamos políticos de la oposición, que cuestionan la utilización de recursos públicos para el traslado de familiares de funcionarios.
Según surge de la propia explicación brindada públicamente por Adorni, en diversos medios periodísticos, la presencia de su cónyuge en el vuelo presidencial no habría estado vinculada a funciones oficiales ni a actividades institucionales del Estado, sino que habría obedecido a circunstancias personales.
La primera presentación, realizada por Dalbón, se hizo ante la Cámara Federal y por sorteo recayó en el juzgado federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas. “Si se desloma o no no es una excusa válida”, dijo el letrado ya que “la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia”, agregó el abogado.
De confirmarse tales extremos, la utilización de recursos públicos -en particular, de una aeronave oficial destinada al transporte del Presidente de la Nación y comitivas oficiales- para trasladar a una persona sin función pública podría constituir una utilización indebida de bienes del Estado, susceptible de encuadrar en las figuras penales previstas en los artículos 260 del Código Penal de la Nación, denunció el letrado.