El proyecto de reforma electoral para Posadas obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. La iniciativa podría ingresar en la sesión de este jueves, aunque su tratamiento todavía debe confirmarse.
La propuesta plantea modificar el sistema electoral municipal y contempla, entre otros puntos, dejar sin efecto la acumulación de votos entre sublemas de un mismo espacio político, incorporar la Boleta Única de Papel y establecer límites a la cantidad de listas que pueden presentar los partidos y frentes electorales.
Actualmente, bajo el sistema de Ley de Lemas, los votos obtenidos por los distintos sublemas se suman para definir cuál de los espacios resulta ganador. Con el cambio propuesto, cada lista competiría con los votos que consiga de manera individual.
El proyecto también prevé la creación de un Tribunal Electoral Municipal, que tendría a su cargo la organización de los comicios, la oficialización de candidaturas, el escrutinio definitivo y la proclamación de los candidatos electos.
Uno de los aspectos que plantea la iniciativa es el alcance de la autonomía municipal para establecer sus propias reglas electorales y su articulación con el sistema provincial.
En cuanto a la distribución de bancas, el texto establece un piso del 3% del padrón electoral municipal para acceder al reparto de escaños y contempla un mecanismo de asignación por cociente, además de una cláusula vinculada a la representación de las minorías.
El dictamen reúne distintas iniciativas presentadas en el Concejo Deliberante, entre ellas los expedientes 2209-C-26, 2266-C-26 y 2275-C-26. Ahora, la decisión sobre su tratamiento y eventual aprobación quedará en manos de los 14 concejales.
En el plano político, habrá que ver si el proyecto reúne los votos necesarios para ser aprobado. Su impulso en un contexto de proximidad al calendario electoral también abre interrogantes sobre los tiempos elegidos para discutir una modificación de estas características, que podría haberse abordado con mayor anticipación.
El debate de fondo será determinar si la reforma responde a una necesidad de mejorar el sistema electoral municipal o si su tratamiento está atravesado por la conveniencia política del sector que la impulsa. La discusión requerirá evaluar qué beneficios concretos podría aportar a la ciudadanía, más allá de los intereses electorales en juego.



