La decisión del Gobierno nacional de restringir las exportaciones de carne vacuna que impuso desde mediados de mayo último, no solo significa la intervención estatal en una cadena agroindustrial en particular, sino que también representa distorsionar el mercado emblema de los argentinos, aquel del cual muchos se jactan ante el mundo por su calidad. Pero más allá de ese impacto simbólico, cercenar el frente externo de la actividad ya provocó fuertes pérdidas para todos los actores del sector, que no solo se traduce en menores ingresos para la industria o la ganadería, sino también en la potencial eliminación de puestos de trabajo en las economías regionales, tanto en la cadena de valor como en la distribución y el consumo interno.
Cuando el último martes los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, decidieron prorrogar las limitaciones para exportar carne vacuna por dos meses más, hasta el 31 de octubre, la totalidad de la cadena entendió que dicha acción fue la gota que terminó de rebalsar el vaso, sobre todo el sector productivo, el cual fue apartado de cualquier negociación al respecto. Así fue como la Mesa de Enlace anunció ese día que llevará adelante un plan de lucha y se habló de cese de comercialización, aunque no ahondaron en detalles.
El Gobierno, sobre todo en estos meses de elecciones, no tiene entre sus planes una eventual liberación del cepo que derive en un nuevo salto en los precios de la carne. Es más, algunos funcionarios se ufanan de haber logrado “estabilizar” los mismos y consideran que esta medida debe continuar para lograr una profundización. Lo cierto es que según cálculos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva) en julio el precio promedio de la carne tuvo una suba del 84,4% respecto a igual mes de 2020, pero si se compara con junio mostró un retracción del 0,9 por ciento. Aunque ínfimo, es la primera contracción del valor en el mostrador en muchísimos meses y a eso es a lo que apuesta el Poder Ejecutivo.
De todas maneras, lo que parece no medir la administración del presidente Alberto Fernández es el impacto que la medida produce tanto en el nivel de actividad como de ingresos a los diferentes actores de la cadena. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) estimó que en exportación se perderán USD 80 millones por mes y que los productores, por la caída en el precio de la hacienda, calculada en un 15% desde que comenzó la medida, registran pérdidas por $6.500 millones cada 30 días. Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) consideró que desde mediados de abril hasta el 31 de agosto la cadena de la carne vacuna perdió USD 1.084 millones.
No obstante, en diálogo con Infobae, el consultor ganadero Víctor Tonelli explicó que ese monto calculado por la SRA puede ser aún mayor, ahora que las restricciones se prorrogaron. “Es un panorama cada vez más oscuro. Días atrás la Rural presentó una estimación muy precisa y prolija del perjuicio que se había generado en tres meses, pero ahora se postergó por dos meses más, de modo tal que de continuar con ese prejuicio y sin pensar en que se va a agravar aún más, cuestión que va a pasar, ya estamos hablando de USD 1.650 millones en pérdidas”. Y vaticinó que “lo más grave para el trabajador está por venir ahora” al hacer referencia de la inestabilidad laboral que tendrán los empleados del sector por las medidas gubernamentales.
Por otro lado, Tonelli observó como otro gran efecto adverso el desincentivo que trajo la intervención a las inversiones productivas, en especial, del ganadero. En ese sentido, expresó que “el productor ya dejó de invertir, y, lo que es peor, es que justo en este momento, cuando decide lo que va a sembrar en octubre o noviembre para reserva forrajera, van a pasar directamente a siembras agrícolas para la venta de grano. Eso significa menos superficie dedicada a la ganadería y caída del stock y eso ya se está viendo”.
Fuente: infobae