Entró en vigencia en julio de este año y a partir de su promulgación los contratos que se firmen deben contemplar condiciones como la extensión de tres años y la actualización anual sobre la base de un índice oficial, que lo determina el Banco Central.
“En términos generales creemos que está bien, pero veremos el impacto de la metodología de ajuste. Antes veníamos con valores preestablecidos, con previo acuerdo de partes. Teníamos un contrato de locación de 24 meses en los cuales se hacían actualizaciones semestrales, en un promedio de 13 y 15 por ciento. A partir de esto el inquilino ingresaba a un contrato de alquiler sabiendo cuánto iba aumentar en dos años el valor, y tenía una oportunidad de planificar”, explicó la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, Julia Acosta Azoya.
La flamante normativa dispone el aumento a 3 años del plazo de duración de los contratos, una indexación anual sobre la base de un coeficiente entre el Índice de Precios Al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que deberá publicar periódicamente el Banco Central, y la posibilidad de proponer dos garantías a elegir por el propietario.
“Esto –como inmobiliarias- no saca un peso de encima, porque al ser intermediarios teníamos al propietario que le parecía poco y al inquilino mucho, y a partir de ahora será el Estado quien resuelva ese ajuste”, precisó.
Según Julia Acosta Azoya, otro de los puntos de la ley, es que los honorarios de los inmobiliarios se dividen entre los inquilinos y propietarios. En Misiones está estipulado en un 4%. Por ejemplo: un alquiler de 10 mil pesos se multiplica por la cantidad de 36 meses que dura el contrato por el 2% para cada uno.
“También festejamos en esta nueva norma la figura del corredor inmobiliario matriculado, único profesional calificado y habilitado para ejercer la intermediación. Él o la que no trabaje sin matrícula lo hace en la ilegalidad y no tiene derecho a percibir honorarios”, aseguró.
Colegio de corredores inmobiliarios
Sobre ello, la titular de la Cámara de Inmobiliaria de Misiones, puntualizó que “en la Provincia tenemos un colegio que hace un año medio está funcionando, con unos 140 matriculados. Aún falta que se incorporen más y estamos en una etapa de transición de profesionalización. Pero es algo que nos pone muy contentos porque es una institución que regula la matricula”.
“La actividad inmobiliaria no es muy antigua y fue creciendo y aprendiendo a lo largo de los años. Somos una de las únicas profesiones que tratamos con dos clientes a la vez, sobre un mismo objeto o bien, ya sea para locación o venta”, afirmó.
Actualmente la Provincia cuenta con alrededor de 80 empresas inmobiliarias y 140 corredores. Y en este sentido, la profesional alertó que en Misiones “hay muchas” personas realizando esta actividad, pero insistió que “no todos está matriculados” y que esa “es la gran tarea que desde la Cámara Inmobiliaria y la Federación nacional buscan erradicar”.
En otro aspecto, dijo que el mayor inconveniente que se da a la hora de un contrato de alquiler, es que a los inquilinos les cuesta incorporar un garante. “Hay que entender que es un bien y por ello se deben tomar todas las precauciones. Los papeles fueron creciendo porque alguien incumplió con la palabra. Es importante que las cosas sean bien claras”, resaltó.
Sobre el DNU nacional que estableció el congelamiento de los precios de los alquileres durante seis meses, en el marco de las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico ante la crisis por el coronavirus (Covid-19), y que vence el próximo 30 de septiembre, dijo que “estamos expectantes al anuncio de Nación. Se menciona que podría prorrogarse, pero desde nuestro sector nos gustaría que cada provincia pueda regular esto, ya que algunas están muchas más castigadas que otras. Estimo que para nuestros funcionarios no es algo fácil, porque es la salud lo que prima en esta circunstancia”, finalizó.
