Luego de que el gobierno anticipara que podría suspender o derogar la ley vigente, organizaciones de inquilinos recibieron denuncias acerca de rescisión de contratos de alquiler y suspensión de renovaciones o acuerdos nuevos.
Las consecuencias de la incertidumbre que nubló en las últimas horas a la Ley de Alquileres ya hacen mella en el mercado inmobiliario. Mientras el Gobierno desliza que podría derogar, suspender o modificar la normativa (ver aparte), organizaciones de inquilinos ya comenzaron a recibir denuncias que apuntan a que propietarios rescindieron los contratos o frenaron las firmas de nuevos acuerdos y renovaciones a la espera de un cambio en los marcos regulatorios.
Estos volantazos tienen lugar en un mercado no menos movilizado y complicado. Es que alquilar se vuelve casi una misión imposible, en un contexto de alta inflación, poca oferta para el mercado interno y aumentos anuales del orden del 100 por ciento y la presión de las inmobiliarias por actualizaciones semestrales. Al combo explosivo hay que sumarle que cada vez más inmuebles se vuelcan al alquiler temporario para el turismo.
Qué pasa con los alquileres en 2023
Así lo explicó Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos: “Estamos viendo que la gente que ya contrató con la nueva ley no puede, más allá de que sea un aumento anual, renovar con subas del 85 por ciento”. “Eso hace que, si bien es solo un aumento, la gente esté complicada los primeros cuatro o cinco meses hasta que se licúa”, comentó.
Esto tiene tres consecuencias directas en el mercado, explicaron desde una inmobiliaria porteña: por un lado, que algunos propietarios busquen negociar aumentos semestrales por fuera de lo que indica la normativa; por otro lado, que la compensación se haga de antemano, y así, por ejemplo, alquilar un monoambiente en en un barrio caro puede costar 500 dólares mensuales; finalmente, que muchos opten por retirar las propiedades del mercado y volcarlas al negocio del turismo.
Botana advierte además que en muchos casos los inquilinos que no pueden pagar optan por alquilar inmuebles que están destruidos. “No estaban ni a la venta ni alquilados. Estos inmuebles ingresan al mercado con un lavado de cara y a los meses surgen problemas estructurales muy severos y el inquilino paga algo caro y destruido”, lamenta.
Juan Arrizabalaga, referente de la Federación de Inquilinos Nacional, explicó por su parte que los propietarios “fomentan la finalización de contactos antes de tiempo”. “Te dicen que la vendieron, que esto, que aquello, porque el objetivo es llegar al precio de los alquileres temporarios, tiene que ver con los precios en dólares”, señaló.
“Hay un problema que tiene que ver con las consecuencias del mercado inmobiliario. El objetivo de derribar la Ley de Alquileres es terminar con lo poco que hay de regulación. Tener un mercado desregulado. Las consecuencias son el hacinamiento; el crecimiento de los asentamientos; que la gente deja más parte de sus ingresos en el pago de la vivienda, lo que implica después no comer; personas volviendo a los hogares de sus padres; varios hogares en una sola vivienda”.