Menos del 1,5% de los menores de 17 años de cada provincia fueron imputados en la Justicia distrital. Por qué los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes vuelven al centro del debate.

El 0,01% de los menores de 17 años en Argentina fue ingresado a la Justicia Nacional de Menores en 2024 y menos del 1,5% de la misma población en cada provincia fue imputado en la Justicia local en el mismo año. Aún así, la Ley Penal Juvenil se ganó un lugar en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso con el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe como bandera.

El antropólogo del Instituto de Antropología de Córdoba (CONICET) Agustín Villarreal lo definió como "un homicidio cruel que muestra, de manera más visceral, la violencia a la que están expuestas las infancias y juventudes". "Porque también se trata de viralizar, mostrar, exhibir esas violencias", advirtió el especialista a C5N en referencia al video del asesinato.

Villarreal alertó que "las expresiones de violencia se encuentran exacerbadas", por lo que "la mediatización de ciertos delitos pone en relieve la respuesta punitiva como única respuesta posible y legítima, ya sea a través de penas más altas o en el reclamo por la baja de la edad de imputabilidad".

La primera dificultad para recolectar datos federales sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes que ingresaron a la Justicia en 2024 y 2025 es la diferencia metodológica y penal con la que contabiliza cada provincia. Por eso, explicaron desde la Corte Suprema de Justicia a C5N, las cifras de cada una no son comparables entre sí.

El máximo tribunal también aclaró que la cantidad de menores ingresados a la Justicia es más alta que la registrada en la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) porque, donde rige un sistema acusatorio o mixto, es el Ministerio Público Fiscal de cada distrito el que los computa no los juzgados. La Corte recibe los datos de estos últimos.

Según el Censo de 2022, la población argentina de 0 a 17 años es de 12.203.906 y, de acuerdo a la BDG, 1.788 ingresaron a la Justicia Nacional de Menores en 2024. Los distritos con mayor cantidad de menores son la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, en ese orden. Más de la mitad de los ingresados a la Justicia en todas las provincias son varones argentinos de 16 o 17 años.

Justicia provincial: ingresados en 2024

En Santa Fe viven 898.522 menores de 17 años y, según la BGD, 4.551 fueron ingresados en la Justicia provincial en 2024. Es decir, el 0,51% de la población de menores santafesinos. El 43,6% con 16 o 17 años, mientras que del 55,3% no se aportaron datos de edad.

Los dos autores materiales del crimen de Jeremías tienen 14 años y no están detenidos. En 2024 los menores de esa edad representaron el 0,2% de los niños, niñas y adolescentes ingresados a la Justicia santafesina. La única menor detenida por las 23 puñaladas que recibió Monzón hasta su muerte tiene 16 años.

En Córdoba la cantidad de menores de 17 años se eleva a 977.486 y en 2024 fueron ingresados en la Justicia provincial 2.437. Es decir, un 0,25% de todos los niños, niñas y adolescentes de la provincia.

En Mendoza hay 566.487 menores de 17 años en todo el distrito y hace dos años ingresaron 349 a la Justicia local. La cifra consiste en el 0,06% de la población.

La provincia de Buenos Aires, la más populosa del país, cuenta con 4.656.149 de menores y 1.802 fueron ingresados a la Justicia provincial en 2024, según la BGD de la Corte Suprema de Justicia. Lo que representa un 0,04% de la población total de niños, niñas y adolescentes.

La población de menores de 17 años en la Ciudad de Buenos Aires es de 563.727 y en 2024 ingresaron a la Justicia porteña 610. Un 0,11% de todos los niños, niñas y adolescentes que desarrollan su vida en la Capital del país.

El motivo por el que más se iniciaron causas contra los menores contabilizados en todos los distritos fueron delitos contra la propiedad y contra las personas, en ese orden.

Justicia Nacional de Menores: ingresados en 2024 y 2025

Los datos más recientes que son estadísticamente comparables entre sí por su coincidencia metodológica son los niños, niñas y adolescentes ingresados a la Justicia Nacional de Menores en el primer semestre de 2024 y el primer semestre de 2025, según los informes de la BDG de la Corte Suprema de Justicia.

En los primeros seis meses de 2024, 907 niños, niñas y adolescentes tuvieron causas penales iniciadas en la Justicia Nacional de Menores, lo que representó un descenso del 8% en comparación con igual período de 2023.

El 60,1% tenía 16 o 17 años al momento del hecho; un 38% entre 13 y 15 y un 1,9%, 12 años o menos. Comparado con el mismo período de 2023, hay una reducción del 16,8% en la cantidad de menores de 16 años involucrados.

Durante el mismo período de 2025, 945 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores. Un 4,2% más que en el primer semestre de 2024. El 57,1% no había tenido otras causas con anterioridad.

El 55,9% tenía 16 y 17 años al momento del delito, un 40,3% entre 13 y 15 años y un 3,8% 12 años o menos. Comparado con el mismo período de 2024, se observa un aumento del 16,8% en la cantidad de menores de 16 años.

El antropólogo del CONICET remarcó que hay una "criminalización diferencial" que recae principalmente "sobre los sectores más pobres de la sociedad". "La baja de la edad de imputabilidad se inscribe en una lógica que prioriza el castigo de jóvenes que ya se encuentran en situaciones de exclusión social y atraviesan múltiples vulnerabilidades", señaló.

En ambos periodos, más del 80% de los delitos denunciados corresponde a delitos contra la propiedad, principalmente distintos tipos de robos. Además, la cantidad de menores ingresados a la Justicia es menor al 0,01% de la población de entre 0 a 17 años que habita todo el país. Otro dato que surge de los informes de ambos semestres es que más de la mitad de los delitos los cometen varones argentinos de entre 16 y 17 años con la secundaria en curso y familia sin padre.

"Lejos de promover políticas orientadas a garantizar el acceso a bienes educativos, culturales y comunitarios en los territorios, esta medida refuerza una intervención estatal centrada casi exclusivamente en el punitivismo", apuntó Villarreal y definió que el interés detrás de proyectos como la Ley Penal Juvenil es "profundizar" la criminalización preexistente.

Por qué se impulsa la baja de la edad de imputabilidad

Desde el informe de la BDG de 2017 que la cantidad de niños, niñas y adolescentes intervenidos por la Justicia Nacional de Menores oscila entre 1.100 y 1.800. Es decir, a lo largo de tres gobiernos con distintas políticas de seguridad el número de ingresados se mantuvo relativamente estable.

La Antropología y la Criminología definen que los conflictos de cualquier tipo son inherentes a las relaciones sociales y a la vida en comunidad, la cuestión está en cómo se los gestiona. "Las formas predominantes de respuesta frente a los conflictos, cualquiera sea su naturaleza, tienden a construirse a través de la judicialización", explicó Villarreal.

El miembro del Núcleo de Antropología de Violencia, Muerte y Política del Idacor (CONICET) explicó que, en el contexto actual, esa gestión de los conflictos termina en "una apuesta por el endurecimiento punitivo y el aumento del sufrimiento como modo de resolución".

El presidente Javier Milei respalda el proyecto de Ley Penal Juvenil con el lema "Delito de adulto, pena de adulto". "¿Qué nos están queriendo decir con eso? Que los jóvenes que delinquen deben atravesar la maquinaria del sistema penal que reproduce violencias", analizó el cientista social. Se propone como única solución el castigo.

Villarreal señaló que las respuestas punitivas a los conflictos "tienen carácter histórico": "No es universal y es posible revertirlo a través de la reparación, el diálogo y modos alternativos de resolución de conflictos para delitos no graves".