El oficialismo intentará aprobar el próximo jueves la Ley de Propiedad Privada, una de las iniciativas económicas que impulsa la Casa Rosada. Con un escenario de paridad en la Cámara alta, los votos de los misioneros Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling podrían resultar determinantes para el resultado de la sesión.
El Gobierno nacional buscará este jueves destrabar en el Senado uno de los proyectos centrales de su agenda económica: la Ley de Propiedad Privada, que elimina gran parte de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de inversores extranjeros y otorga un mayor protagonismo a las provincias en la autorización de esas operaciones.
En un Senado donde el oficialismo llega con los números muy ajustados, la atención estará puesta en la postura que adopten los tres representantes de Misiones: Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling. Sus votos aparecen entre los más observados en la previa de una sesión que podría definirse por escasa diferencia.
La expectativa en torno a los senadores misioneros se incrementó luego de que el gobernador Hugo Passalacqua les transmitiera a Carlos Arce y Sonia Rojas Decut la postura oficial del Ejecutivo provincial en rechazo a la reforma de la Ley Nacional 26.737, que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Según trascendió, el mandatario les solicitó expresamente que no acompañen la iniciativa cuando sea debatida en la Cámara alta, al considerar que la modificación podría afectar intereses estratégicos de la provincia en materia de soberanía territorial y administración de sus recursos.
Mientras Martín Goerling, alineado con el PRO y cercano al oficialismo nacional, aparece como un voto favorable al proyecto, el foco político se concentra ahora sobre Arce y Rojas Decut, quienes deberán definir si acompañan el planteo del Gobierno provincial o respaldan la propuesta impulsada por la Casa Rosada. Su decisión podría resultar determinante para el resultado de la votación.
La sesión fue convocada para el jueves al mediodía y será el primer gran desafío legislativo del oficialismo tras el receso parlamentario. Además de intentar convertir en ley el proyecto sobre propiedad privada, el Gobierno buscará avanzar en comisión con el tratamiento del denominado Súper RIGI, otra de las iniciativas consideradas prioritarias para promover inversiones de gran escala y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La estrategia oficial apunta a reactivar durante agosto una agenda legislativa que también incluye proyectos vinculados a sociedades, zonas frías, salud mental, la reforma electoral y futuras designaciones judiciales.
Un proyecto que vuelve al recinto
Será la quinta vez que el oficialismo intentará aprobar la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que fue modificada en reiteradas oportunidades para acercar posiciones con sectores dialoguistas.
En las últimas semanas, el Gobierno logró unificar criterios internos entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había manifestado reparos sobre versiones anteriores del proyecto. Antes de la sesión, el oficialismo volverá a reunirse con sus aliados para garantizar los votos necesarios.
Otro elemento que juega a favor de la estrategia libertaria es que la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá la sesión, ya que estará a cargo del Poder Ejecutivo durante la ausencia del presidente Javier Milei. En su lugar conducirá el debate el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, evitando un eventual escenario de desempate.
Qué propone la iniciativa
El proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras rurales en la Argentina, salvo que obtengan autorización tanto de la provincia donde se ubique el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.
También conserva el requisito de autorización para la compra de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera, aunque elimina uno de los puntos más cuestionados durante el tratamiento legislativo: el mecanismo de silencio administrativo, que establecía que, si la Nación o la provincia no se pronunciaban en un plazo de seis meses, la operación quedaba automáticamente aprobada.
Con un escenario de fuerte paridad en el Senado, la definición del proyecto podría depender de un puñado de votos, entre ellos los de los tres representantes de Misiones. En ese contexto, la postura fijada por el gobernador Hugo Passalacqua agrega un nuevo condimento político a una sesión que será seguida con atención tanto por el Gobierno nacional como por las provincias.