Mauricio Macri fue procesado en la causa por presunto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Según el juez Martín Bava, el exmandatario es responsable de la realización de “actividades de espionaje ilegal e interno”. Además, le trabó un embargo por 100 millones de pesos y le prohibió abandonar el país.
Según el magistrado, el expresidente estaba al tanto de las acciones de espionaje y tuvo en su poder los informes de inteligencia. Para Bava, la AFI siguió, fotografió y se infiltró entre los familiares de los tripulantes con el objetivo de anticiparle al expresidente cuáles serían sus reclamos, con lo cual aseguró que obedeció a un plan pergeñado desde lo más alto del Poder Ejecutivo para tener bajo la lupa a los familiares de los 44 tripulantes.
Macri ahora se suma a los 11 procesados de la causa: Gustavo Arribas (exdirector general de la AFI), Silvia Majdalani (exsubdirectora general), Eduardo Winkler (exdirector de Reunión Interior), y Nicolás Iuspa Benítez (exjefe de la base Mar del Plata), además de cinco agentes. Vale destacar que en las últimas 24 horas, Bava había puesto bajo esta figura a Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste (exdirectores operacionales de Contrainteligencia) tras asegurar que no controlaban lo que ocurría en Mar del Plata.
Qué dice la resolución donde Bava procesa a Mauricio Macri
En las consideraciones, el magistrado asegura que “los informes de inteligencia que forman parte de esta resolución, no versan en lo absoluto sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional, ni hacen a investigaciones de delitos federales complejos”.
En ese sentido, y en contraposición con lo argumentado por la defensa de Majdalani que aseguraba que estaban ligadas a la seguridad presidencial, el juez señala que “consistieron en el relevamiento, acumulación y/o producción ilegal de información sobre familiares de la y los tripulantes de las embarcaciones hundidas ARA San Juan, “Rigel” y “El Repunte”, que reclamaban al entonces gobierno Nacional por la aparición de sus allegados y justicia para el esclarecimiento de los hechos”.
Para la realización de estos “documentos de inteligencia ilegal”, según señala el magistrado, los integrantes de la AFI realizaron “labores de campo directas, con infiltraciones y fotografías”, se aplicaron “técnicas de ‘ciberpatrullaje’”, es decir un relevamiento en redes sociales con capturas de pantalla e identificación de las personas en las fotografías).
“La forma de redacción, el contenido de los documentos, las fotografías y hasta los intereses perseguidos, son rasgos que permiten ilustrar cómo la Agencia Federal de Inteligencia continuó realizando espionaje ilegal, colocando como objetivo de dichas tareas a ciudadanos y ciudadanas que, llevaron adelante diferentes acciones de reclamo ante las autoridades nacionales, por la desaparición de sus seres queridos”, afirma el documento.
Cuáles son los argumentos por los que Bava procesa a Mauricio Macri
Según el juez Bava, “estas tareas ilícitas se enmarcan en un sistema de espionaje ilegal que posibilitó, utilizó y no hizo cesar el entonces Presidente de la Nación, en el cual se desarrollaron numerosos hechos de espionaje ilegal, dentro de los cuales el colectivo de familiares del ARA San Juan, adquiere una particular preponderancia”.
“Al Ing. Mauricio Macri se le imputó, conforme a su rol al momento de los hechos investigados, que desde su cargo de Presidente de la Nación en el período comprendido -al menos- entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, en principio, por haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias”, continúa el documento.
Al tiempo que asegura que estas tareas consistían “en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”. “Entre ese espionaje prohibido por ley, se le imputa particularmente que numerosas de ellas se realizaron, en principio, con el fin de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, añade.
“Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”, aseguró.
(Fuente: TN)