La difusión de los audios utilizados para extorsionar a Rodrigo Andrés Gómez puso en primer plano la crudeza del hostigamiento que sufrió el soldado misionero antes de su muerte. Las grabaciones, incorporadas recientemente al expediente judicial, exponen con claridad la presión psicológica ejercida desde cárceles bonaerenses, mediante amenazas, gritos y simulaciones de un proceso penal inminente.
En los mensajes de voz se escucha a una mujer acusar al joven de haber enviado material indebido a una menor, mientras le advierte que realizará una denuncia. A continuación interviene un supuesto efectivo policial que, con tono intimidante, le promete “arreglar” la situación a cambio de dinero. La estrategia buscaba instalar miedo, urgencia y culpa para forzar respuestas inmediatas.
El caso salió a la luz durante una conferencia encabezada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien detalló cómo funcionaba la organización criminal detrás de la maniobra. Según explicó, el esquema era coordinado por internos que operaban con teléfonos celulares desde los penales de Magdalena y Olmos, con apoyo externo para recibir transferencias.
Gómez tenía 21 años, era oriundo de Gobernador Roca y se desempeñaba como soldado voluntario del Ejército Argentino. El 16 de diciembre fue hallado sin vida mientras cumplía guardia en la Quinta Presidencial de Olivos. La Justicia confirmó que se suicidó con su fusil reglamentario, pero estableció que el desenlace estuvo precedido por semanas de extorsión continua.
La investigación reconstruyó que el contacto inicial se produjo a través de una aplicación de citas, mediante un perfil falso. Lo que comenzó como un intercambio privado derivó en una trampa diseñada para quebrarlo emocionalmente. Lejos de su entorno familiar y temiendo el fin de su carrera militar, el joven llegó a enviar dinero a cuentas vinculadas a la banda.
Para la jueza, el miedo fue el eje central del sometimiento. “No se trató de un hecho aislado, sino del resultado de una extorsión sostenida en el tiempo”, sostuvo. Por la causa hay siete personas detenidas, mientras que desde el Gobierno nacional volvieron a cuestionar la falta de control sobre el uso de celulares en las cárceles, un factor clave que permitió montar la operación delictiva.