El Gobierno nacional oficializó el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para 2026 mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.798, sancionada por el Congreso durante el último período de sesiones extraordinarias.
La norma define los lineamientos del programa económico del gobierno de Javier Milei, con superávit fiscal como eje central. Establece una baja de impuestos si el resultado fiscal supera lo proyectado y recortes automáticos de partidas si el saldo es inferior al previsto.
Según el texto oficial, el Sector Público Nacional proyecta un excedente financiero de $2.734.029.655.055. Para alcanzarlo, los recursos totales se estiman en $148,29 billones, mientras que los gastos corrientes y de capital autorizados ascienden a $148,06 billones.
En la distribución del gasto, los Servicios Sociales concentran la mayor asignación con $106,52 billones. Les siguen el pago de la deuda pública con $14,11 billones, los Servicios Económicos con $11,45 billones, la Administración Gubernamental con $8,85 billones y Defensa y Seguridad con $7,11 billones.
El presupuesto para universidades nacionales se fijó en $4,78 billones. La ley exige que las instituciones informen el uso de los fondos ante la Secretaría de Educación, bajo apercibimiento de suspensión de transferencias en caso de incumplimiento.
En previsión social, se destinan $212.288 millones al pago de deudas judiciales y administrativas de la ANSES y $122.762 millones para asistir a cajas previsionales provinciales que no transfirieron sus sistemas al Estado nacional.
En materia de financiamiento, el Ejecutivo quedó habilitado a emitir Letras del Tesoro por hasta $70 billones y se establecieron topes para el uso de crédito a corto plazo: $4 billones para la Tesorería General de la Nación y $2,5 billones adicionales.
La ley también restringe la cobertura de vacantes en la administración pública, que requerirá autorización previa de la Jefatura de Gabinete, y mantiene exenciones impositivas y arancelarias para la importación de vacunas y medicamentos incluidos en programas sanitarios nacionales.