La norma es reconocida por su concepción integral que contempla no solo los aspectos biológicos, sino que también incluye las dimensiones psicológica, cultural, histórica y socioeconómica. Además, se creó el Consejo Provincial de Turismo y se aprobó la adhesión a la ley nacional que regula la actividad del sector. Las decisiones fueron aprobadas en la sesión semanal del Parlamento misionero.
A través de la adhesión a la ley nacional de salud mental se reconoce a las personas que tengan padecimientos de este tipo, entre otros, los derechos a ser tratadas con las alternativas terapéuticas que menos restrinjan sus derechos, ser acompañados en el tratamiento, no ser discriminadas por su situación y tomar decisiones relacionadas con su atención.
La atención en salud mental debe estar a cargo de un equipo interdisciplinario, realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación y requiere el consentimiento informado del usuario del servicio para todo tipo de intervenciones.
La internación es considerada un recurso de carácter restrictivo y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos de las personas internadas con sus entornos familiar, laboral y social.
En el 2010 se sancionó la ley nacional 26.657, a través de la cual se reconoce la salud mental como “un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”.
Con la adhesión de la provincia a dicha norma, los legisladores apuntan al desarrollo de acciones al alcance de toda la población, “desde la mirada comunitaria y la inclusión social” y comprende mejoras en la atención de la salud mental de personas con discapacidades, adultos mayores y otros grupos sociales vulnerados, explicó el diputado Oscar Alarcón, autor de uno de los proyectos que condujeron a la aprobación de la ley provincial, junto con el de Martín Sereno y otros ex legisladores.
Precisamente, Sereno fundamentó la adhesión resaltando que la ley nacional consagra derechos y garantías relacionados con “el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional".