El Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) había sido creado en 2014 con la finalidad de intervenir en los reclamos de derechos individuales de consumidores o usuarios cuyo monto no excediera los 55 salarios mínimos, vitales y móviles, hoy equivalente a $1.462.230.
El Gobierno disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), una instancia de mediación entre consumidores y proveedores creada en 2014 con la finalidad de intervenir en los reclamos de derechos individuales de consumidores o usuarios cuyo monto no excediera los 55 salarios mínimos, vitales y móviles, hoy equivalente a $1.462.230.
La medida se implementó a través del Decreto 55/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La norma se enmarca en la Ley Bases y destaca en sus considerandos que ya existen otras instancias para reclamos de los consumidores en las provincias y en la Justicia, por lo que hay “coexistencia de organismos con facultades y atribuciones superpuestas”, ante lo que “resulta indispensable avanzar hacia una efectiva desburocratización y simplificación de los procesos administrativos, evitando la duplicación de competencias y facultades asignadas a organismos que, en ámbitos geográficos concentrados, persiguen objetivos con la misma finalidad”.
En cuanto a cómo se procederá a partir de ahora, el Gobierno expresó en un comunicado que “como hasta ahora, los consumidores continuarán tramitando sus reclamos de forma virtual en la misma Ventanilla Única de Defensa del Consumidor y en sitios web de las jurisdicciones, o bien de manera presencial en las dependencias municipales y provinciales”.
“Además, la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la Ventanilla Única de Defensa del Consumidor y se resolvió la compatibilidad informática para coordinar el sistema y el tratamiento eficiente de los reclamos. Hasta ahora, el COPREC dependía de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía”, explicaron.
“En cuanto al nivel de eficiencia, en 2024 se resolvieron de manera efectiva vía COPREC sólo el 28% de los 108.762 reclamos ingresados. El 18% se cerraron sin acuerdo entre consumidores y empresas (14%) o con acuerdos parciales (4%). En tanto, el 7% fueron rechazados por no cumplir las condiciones del reclamo, y el resto, el 47%, quedó pendiente de tramitación en el organismo para así concluir el proceso de disolución”, precisaron desde el Ejecutivo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida. “Seguimos desarmando el sobredimensionamiento inútil del Estado. Hoy, usando las facultades delegadas de la Ley Bases 27.742, disolvemos el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) un peso muerto de casta establecido por la ley 26.993 del kirchnerismo”, escribió en su cuenta de X.
“Lo disolvemos porque en estos 10 años de existencia le costó al contribuyente unos 6.500.000.000 de pesos en plata del año pasado, solo para conciliar, en esos 10 años, (no es joda) 4.350 reclamos. Es decir, cada una de estas 4.350 conciliaciones nos costó a los contribuyentes 1.500.000 aproximadamente”, aseguró. “Asumiendo 10 productos comprados por día por 2/3 de población, los 4350 casos son el 0,000000004% de las transacciones realizadas en ese período. A partir de hoy nos liberamos de financiar este dislate”, añadió.
“Nuestra visión es que en el mercado la gente está para servir, no para engañar al prójimo. Y no necesariamente por un tema moral, sino porque es la manera de ser exitoso en un mercado de transacciones voluntarias. Pero el kirchnerismo, como con todo, usa un supuesto objetivo ‘noble’ (proteger al consumidor) para armar una capa duplicada de Estado, armar puestos para una militancia rentada o simplemente desviar recursos para darle poder a sus funcionarios. COPREC, en particular, triplicaba la tarea que ya hace cada provincia y que también hace la Justicia”, señaló Sturzenegger.
“Esta capa de Estado implicaba crear un Registro de Conciliadores (¡afuera!), diseñar complejos procesos de homologación (¡afuera!), y escuchen esto: designar a un conjunto de Auditores de las Relaciones de Consumo -la duplicación de la duplicación-, (¡afuera!)”, se regodeó el funcionario.