El Gobierno nacional salió a profundizar las medidas ya tomadas para evitar los aumentos en los precios y asegurar el abastecimiento de mercadería en las grandes cadenas de supermercados y autoservicios mayoristas, almacenes, mercados, mini mercados farmacias de todo el país.
La decisión fue tomada luego de haberse analizado los resultados que dieron los controles y las inspecciones llevadas a cabo en esta última semana que pasó por parte de inspectores de la Secretaría de Comercio Interior y de funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Entre las nuevas medidas se destacan la obligación de publicar en todas sus sucursales los listados de los entre 1.500 y 2.000 productos divididos en 50 categorías que fueron incluidos en la obligación de bajar sus precios al 6 de marzo pasado, como los del alcohol en gel, cuyo valor no podrá superar el que tenía al 15 de febrero.
A esto se le sumara la profundización de las sanciones que se aplicarán a los comercios que no cumplan con estas medidas dispuestas por el Ministerio de Desarrollo Productivo para establecer límites a los excesos que se advirtieron en el marco de la pandemia del coronavirus.
En este punto, fuentes oficiales adelantaron que las penas serán cada vez más duras, no solamente monetarias sino también penales. Aseguran que aplicarán los máximos permitidos por la Ley de Defensa del Consumidor que permite hasta $20 millones en multas, prisión de cinco años para los responsables y también la caducidad de los permisos para operar.
Esto se debe a las constantes denuncias que siguen recibiendo los funcionarios sobre fuertes incrementos de precios durante los últimos días, a pesar de las advertencia ya lanzadas en contra de quienes especulan con las necesidades generadas por la emergencia sanitaria que causó el virus.
De hecho, en las primeras nueve jornadas del operativo conjunto lanzado por la AFIP y Comercio Interior se desplegaron 2.300 agentes que constataron una gran cantidad de irregularidades en los controles que llevaron a cabo en 1,605 supermercados, farmacias, autoservicios, fábricas y mayoristas.
“Los funcionarios estuvieron en todo el país buscando evitar abusos de precios y garantizar la disponibilidad de productos fundamentales como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y elementos de higiene y cuidado de la salud”, explicaron desde la agencia tributaria que dirige Mercedes Marcó del Pont.
En el primer balance de sanciones, se realizaron ya ocho clausuras preventivas en un mayorista, tres comercios de cercanía y cuatro farmacias y se obligó a corregir más de 1000 precios en góndola.
Sólo el jueves pasado, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se fiscalizaron 30 mayoristas de distintas cadenas y se constató que todos incurrían en infracciones por lo cual debieron rectificar los precios conforme al listado de valores máximos de referencia. En el resto del país se realizaron 157 controles y se llegó a la conclusión de que ocho de cada 10 comercios presentaron infracciones por superar precios máximos de referencia. Por eso también se los obligó a retrotraer los precios al 6 de marzo.
(Fuente: Iprofesional)