El Gobierno nacional remitió al Congreso dos iniciativas clave para su agenda económica e institucional: el proyecto para crear el denominado “Súper RIGI”, orientado a captar inversiones de gran escala en sectores estratégicos, y una nueva ley de lobby destinada a regular la actividad de representación de intereses ante funcionarios públicos.
Ambos proyectos ingresaron formalmente a la Cámara de Diputados mediante el Mensaje N°181/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Qué propone el “Súper RIGI”
La iniciativa oficial impulsa la creación del “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, un esquema que apunta a promover desembolsos de al menos u$s1.000 millones en actividades consideradas de alto valor agregado o desarrollo tecnológico.
Según el texto enviado por el Ejecutivo, el objetivo es atraer proyectos vinculados a industrias que actualmente tienen escasa presencia en el país o se encuentran en una etapa experimental. Entre los sectores incluidos aparecen la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada, la infraestructura digital, el hidrógeno, el GNL, los reactores nucleares modulares, las baterías de litio y distintas manufacturas tecnológicas.
La propuesta busca ampliar el alcance del RIGI original, que hasta el momento acumuló anuncios de inversión por cerca de u$s81.000 millones, aunque con desembolsos concretados considerablemente menores.
Beneficios fiscales y cambiarios
El núcleo del proyecto contempla un amplio paquete de beneficios tributarios, aduaneros y regulatorios para las empresas que adhieran al régimen.
Entre los principales incentivos se destacan:
- Reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%;
- Amortización acelerada de inversiones;
- Posibilidad de computar quebrantos impositivos sin límite temporal;
- Alícuotas reducidas sobre dividendos;
- Devolución del IVA mediante certificados fiscales;
- Exención de derechos de importación y exportación;
- Estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria por 30 años.
Además, el proyecto prevé una reducción de las contribuciones patronales al 10% para nuevas relaciones laborales generadas por inversiones incluidas en el régimen.
En materia cambiaria, las empresas podrán acceder progresivamente a la libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones: un 20% luego del primer año, 40% tras el segundo y el 100% a partir del tercer año desde el inicio de las exportaciones.
El oficialismo sostiene que el nuevo esquema apunta a generar condiciones de competitividad internacional para atraer capitales de gran escala y acelerar el desarrollo de sectores considerados estratégicos para la economía argentina.