En la madrugada, la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El objetivo es suspender la aplicación de artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados a salarios y partidas para las casas de estudio.
La presentación cuestiona el fallo que había ratificado una medida cautelar a favor de las universidades. Esa resolución obligaba al Estado a ejecutar transferencias para recomponer ingresos del sector. Con el nuevo planteo, la administración nacional intenta frenar esa exigencia mientras el caso escala a instancias superiores.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la norma no establece de dónde deben salir los recursos necesarios para cumplir con lo dispuesto. Argumentan que avanzar con esos pagos sin previsión presupuestaria afectaría el equilibrio fiscal y comprometería el funcionamiento general del Estado.
En ese marco, también solicitaron que los jueces de la Corte Suprema se aparten del expediente por su vínculo con el ámbito académico. La intención es que intervengan conjueces, en un intento por garantizar imparcialidad en una causa que consideran de alto impacto institucional.
Mientras tanto, en el Gobierno admiten que el escenario es complejo. Si la Justicia no concede el efecto suspensivo, el Estado quedaría obligado a transferir fondos en el corto plazo. Se estima que el monto total rondaría los 2,5 billones de pesos, una cifra que tensiona las cuentas públicas.
El conflicto se da en un contexto de fuerte deterioro del financiamiento universitario. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias sufrieron una caída significativa en términos reales en los últimos años, al igual que los salarios, lo que mantiene abierto el reclamo del sector educativo.