El Gobierno nacional extendió por otros 24 meses la emergencia en el sistema penitenciario federal debido a la situación de saturación que atraviesan las cárceles del país. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 439/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Según datos oficiales del Servicio Penitenciario Federal (SPF), actualmente hay 12.248 personas alojadas en unidades federales, una cifra que supera en un 6% la capacidad operativa máxima, estimada en 10.932 plazas.
El informe que acompaña la resolución advierte sobre una presión constante sobre el sistema penitenciario. Entre fines de 2023 y marzo de 2026 ingresaron más de 15.000 nuevos detenidos, mientras que más de 5.000 personas permanecen bajo arresto a la espera de una vacante para ser trasladadas a cárceles federales.
En detalle, el documento señala que existen 5.073 detenidos pendientes de traslado, situación que agrava aún más el escenario de sobrepoblación en las unidades penitenciarias.
La composición de la población carcelaria muestra además que el 61,83% de los internos cuenta con condena firme, mientras que el 38,17% permanece procesado sin sentencia definitiva.
Desde el Poder Ejecutivo también apuntaron al retraso en el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires como uno de los factores que profundizan la crisis. Actualmente, el SPF aloja a 5.983 detenidos vinculados a causas ordinarias porteñas, casi la mitad del total de internos del sistema federal.