El Gobierno nacional anunció que remitirá al Congreso una nueva Ley de Salud Mental, con el objetivo de actualizar el marco vigente desde 2010. La iniciativa fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales.
Desde el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, señalaron que el proyecto busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario, especialmente en situaciones de riesgo y emergencia que, según indicaron, hoy presentan limitaciones normativas.
La propuesta incluye una revisión de conceptos clave, con el objetivo de dotar de mayor precisión a los diagnósticos. En ese sentido, se plantea reemplazar el término “padecimiento mental” por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y posteriores), incorporando la noción de trastornos mentales o del comportamiento.
Además, se introduce el criterio de “riesgo de daño para la vida o la integridad física”, lo que permitiría intervenciones más tempranas y preventivas. No obstante, se mantiene el principio de que la internación será excepcional, aunque se habilita la internación involuntaria bajo indicación psiquiátrica y con validación de un equipo interdisciplinario.
El proyecto también propone extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial en estos casos y establece que, en internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta y no se encuentra en condiciones, podrá convertirse en internación involuntaria con intervención de la Justicia.
Entre otros puntos, la iniciativa plantea fortalecer la red de atención en salud mental, incluyendo hospitales especializados, en contraste con el enfoque actual que promueve su reemplazo. Asimismo, busca ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental y la SEDRONAR.
El diagnóstico oficial se apoya en un relevamiento de familiares, pacientes, profesionales, actores judiciales y legislativos, que permitió identificar dificultades en la implementación de la ley vigente, entre ellas la adhesión parcial de las provincias y la limitada infraestructura disponible para la atención en salud mental.