La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que, en el marco de una auditoría iniciada en febrero, ya fueron suspendidas o eliminadas más de 80.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral. La revisión forma parte de un proceso más amplio que abarca a aproximadamente un millón de beneficiarios en todo el país.
Según los datos oficiales, hasta el momento se interrumpieron 80.080 pensiones, lo que representa un ahorro mensual para el Estado de alrededor de 23.143 millones de pesos. Cada una de estas prestaciones tenía un valor estimado de $289.000 mensuales, conformado por el 70 % de la jubilación mínima más un bono adicional.
Del total de bajas, 65.230 fueron por detectar irregularidades, 8.207 personas renunciaron voluntariamente para evitar posibles acciones legales, y otras 6.643 correspondían a titulares fallecidos cuyos familiares continuaban cobrando de manera indebida.
El proceso, impulsado por la gestión de Diego Spagnuolo al frente de ANDIS, apunta a depurar el padrón de beneficiarios y asegurar que solo quienes realmente cumplan con los requisitos continúen percibiendo el beneficio. Entre las causas más frecuentes de suspensión figuran la falta de presentación a controles médicos, documentación médica inconsistente, y casos extremos como personas privadas de libertad o prófugos que seguían cobrando.
También se detectaron certificados médicos falsos, diagnósticos inexistentes o informes repetidos en múltiples expedientes, además de casos donde la motivación del otorgamiento habría tenido un trasfondo político, especialmente durante gobiernos anteriores.
Las auditorías se respaldan en el Decreto 842/2024, que estableció nuevos criterios de control y habilitó la suspensión preventiva de beneficios en caso de sospecha. Además, permite el cruce de información entre organismos como ANSES, PAMI, AFIP y la Justicia para verificar la situación de cada beneficiario.
Desde el Gobierno proyectan que la cifra de bajas podría escalar hasta las 250.000 pensiones a medida que avanza la revisión. En ese sentido, destacan que la asignación masiva de pensiones por invalidez en los últimos años —pasando de 80.000 en 2003 a más de 1.200.000 entre 2019 y 2023— respondió, en parte, a criterios discrecionales o clientelares, algo que ahora se busca revertir con mayor transparencia y rigor en los controles.