El Gobierno nacional negó haber desmantelado el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una política sanitaria clave que garantiza la atención de unos 7.000 bebés por año con malformaciones cardíacas, pese a confirmar despidos dentro del equipo técnico.
La polémica surgió tras la desvinculación de profesionales especializados, lo que derivó en la renuncia del resto del equipo y encendió alertas en el ámbito médico y entre organizaciones de familias. El PNCC funciona desde 2008 y coordina una red federal de derivación que permite reducir de forma significativa la mortalidad infantil asociada a estas patologías.
La Federación Argentina de Cardiología (FAC) expresó su preocupación y advirtió que “las desvinculaciones de profesionales especializados atentan contra la continuidad del equipo técnico del programa y con ello la pérdida de la experiencia acumulada durante estos años”, e instó al Gobierno a reconsiderar la medida.
Según datos oficiales, cerca del 50% de los niños con cardiopatías congénitas requiere cirugía en el primer año de vida. Hasta fines de 2025, el PNCC operaba con siete especialistas, coordinaba derivaciones a 15 centros del país, concretaba unas 800 cirugías anuales y atendía más de 6.000 notificaciones por año, además de incorporar diagnóstico fetal y seguimiento de embarazadas.
En las últimas horas se confirmó el despido de tres integrantes del equipo por decisión del ministro de Salud, Mario Lugones, lo que derivó en la renuncia del resto. Desde la cartera sanitaria aseguraron que el programa “no fue desmantelado”, argumentaron que tenía “exceso de personal” y señalaron que se trata de una reorganización para “optimizar su funcionamiento sin afectar la atención”.
Desde el colectivo de familias Cardiocongénitas Bonaerenses y los profesionales renunciantes rechazaron esa versión y advirtieron que la medida implica riesgos inmediatos: aumento de la mortalidad infantil, demoras en derivaciones y cirugías, y ruptura de la red federal de atención.
El conflicto reavivó además el debate político. Javier Milei había votado en contra del programa cuando era diputado, al considerar que implicaba “más gasto” estatal. En 2023, el PNCC fue fortalecido por la Ley 27.713, que le dio rango legal y eliminó el límite de edad para la atención, reconociendo que muchas cardiopatías requieren seguimiento de por vida.
Lucía Wajsman, impulsora de la ley, advirtió que “lo que se está desmantelando es el derecho a la vida”, y denunció que ya existen pacientes en lista de espera, algo que no ocurría al inicio de la actual gestión.