Las empresas de medicina prepaga incrementarán sus planes hasta 20%. La suba sería retroactiva a diciembre. Desde el sector critican el tributo.
Pese a las diversas cautelares que rigen contra el DNU de Javier Milei, las empresas de medicina prepaga se preparan para autorizar un nuevo incremento en los planes a partir de abril debido a un nuevo impuesto que dispuso el gobierno actual. Se estima que las subas rondarán entre 16 y 19%. Representantes del sector cuestionan el nuevo tributo.
En los próximos días, las compañías de prestación de servicios de salud darán luz verde al cuarto aumento consecutivo por encima de los dos dígitos. Las subas estipuladas rondarán entre el 16 y el 19%, de acuerdo a cada empresa, según consigna la agencia Noticias Argentinas.
¿A qué se debe? Según explican los representantes de las principales empresas del sector, el incremento que llegará en el próximo mes tiene su explicación en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 dictado por Milei en diciembre pasado, en el que, además de habilitar la desregulación, dispuso la creación de un nuevo impuesto.
Prepagas aumentarán otro 20% en abril por un nuevo impuesto de Javier Milei
La nueva carga tributaria es del 20% sobre los adicionales que paga un trabajador por un plan superador al que le ofrece su obra social. De acuerdo al sitio La Política Online, se estima que su aplicación vendrá acompañada de una retroactividad al mes de diciembre.
El destino del dinero recaudado por las empresas irá a parar al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el cual tiene por fin garantizar la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO) – es decir, las prestaciones mínimas – a todos los afiliados del sistema, además de compensar costos extraordinarios por prestaciones especiales o tratamientos complejos.
Actualmente, las obras sociales sindicales (OSS) aportan un 15% al FSR. A partir de ahora, las prepagas deberán acompañar a las OSS con un aporte del 20%. Desde las compañías privadas de salud ponen en cuestión el nuevo tributo debido a que fue creado por un decreto y no a través del Congreso, como estipula la ley.