viernes, diciembre 9, 2022

Nuevo pacto fiscal: un acuerdo táctico para minimizar los daños

Escribe Juan Carlos Argüello

Director de Economis.com.ar

 

Fue el mejor acuerdo que se pudo firmar. El objetivo de los gobernadores fue minimizar los daños y se puede advertir que hubo un empate técnico en la distribución de los recursos. Pero era inevitable avanzar en las reformas impulsadas por Mauricio Macri, el presidente ganador de las elecciones de octubre y con el empuje político y mediático suficiente para arrancar concesiones odiosas para las arcas provinciales. Por eso, la firma de un pacto que tiene como elemento distintivo que las provincias no pierden recursos, al menos en el corto plazo, es casi una victoria.

Los pactos anteriores siempre fueron gravosos para las provincias. El último, firmado en 2000, con casi idéntico escenario y condiciones, resultó en una profundización de la crisis y no evitó la debacle del tambaleante gobierno de Fernando De la Rúa.

La diferencia sustancial, en este caso, es que ahora se propicia una rebaja de impuestos, fuerte en las provincias, “gradual” para la Nación, con el objetivo de inyectarle optimismo a una economía que todavía espera por el segundo semestre y la lluvia de inversiones. En paralelo, se impulsan sensibles reformas al sistema previsional y a las condiciones laborales, siempre con la premisa de beneficiar a las empresas para que haya después un efecto derrame.

 

El gobernador Hugo Passalacqua, aseguró que el acuerdo fiscal alcanzado por todos los gobernadores, con excepción San Luis, demuestra que “tanto en política, como en la vida, hay momentos importantes y momentos históricos, que te cambian el trayecto, y este es un momento histórico”.

“Creo que es un aporte fenomenal que hacen las provincias. Quedan mil cosas en el tintero por resolver, y seguiremos trabajando por años y años. Si alguien cree que acá se solucionó todo, se equivoca. Demostramos que se puede trabajar en una atmósfera de confianza”, sostuvo.

La espada de Damocles, que significaba un casi seguro fallo de la Corte Suprema a favor de María Eugenia Vidal, forzó las negociaciones.

La gran ganadora, es, sin dudas, la favorita de Macri. A cambio de dar de baja su reclamo de actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, se alzó con 20 mil millones de pesos para 2018, garantizados por la Nación y la promesa de financiarle otros 45 mil millones que surgen de la diferencia de lo que reclama y el cálculo de lo que le corresponde del impuesto a las Ganancias.

Es ella también, al parecer, la única que tiene permitido desobedecer lo que firmó. Apenas consumado el nuevo pacto fiscal que obliga a no sumar más personal público, la gobernadora confirmó el pase a planta permanente de 15 mil estatales bonaerenses.

El nuevo “consenso fiscal” obliga a desistir de los juicios entre la Nación y las Provincias (son 56 juicios en total) de modo que sea el acuerdo político y no un fallo de la Corte el que termine resolviendo la distribución de los recursos. Ya sea tanto el juicio por el Fondo del Conurbano que podía perjudicar a las provincias en favor de Buenos Aires, como los juicios por el 15 por ciento de la Anses y la Afip que podían perjudicar a la Nación en beneficio de las provincias.

Lo “histórico” del acuerdo es que por primera vez las Provincias y la Nación resuelven por la política y no por la justicia, los conflictos por la distribución de los recursos. Claro que igual hay perdedores.

Hubo un consenso para reducir “gradualmente” la presión tributaria nacional y acordar una reducción gradual de impuestos provinciales.

La Nación compensa a las provincias por el desestimiento de los juicios. En el caso de Misiones está compensación no cubre totalmente la caída de recursos por la reforma tributaria nacional y reducción de Ingresos Brutos, lo que implica que habrá que ajustar las cinchas.

Las cuentas en orden, el congelamiento del ingreso al Estado, salvo en áreas sensibles, y la austeridad característica, evitan que el impacto sea mayor.

La reducción de impuestos y la consecuente caída en la recaudación, será compensada con la emisión de bonos a cargo de la Nación. En el corto plazo, las cuentas darán empate. A largo plazo, habrá que rezar. Mientras, la deuda pública nacional seguirá creciendo.

El costo político del ajuste sobre los estatales y las jubilaciones, además de la reforma laboral, quedará simbólicamente en manos del gobierno de Macri, aunque el acuerdo fiscal firmado por los gobernadores le sirva como trampolín.

El acuerdo contiene el compromiso de impulsar inmediatamente, dadas las reformas propuestas en el régimen tributario y en la distribución de recursos públicos, la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público para que se ajusten trimestralmente, garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación y, una vez al año, se le agrega el 5% “del crecimiento de la economía”.

Esa movilidad de 5%, el proyecto enviado al Congreso establece que “será incrementada en el mes de junio de cada año”.

Teniendo en cuenta que el Presupuesto 2018 prevé un crecimiento de 3,5%, el 5% sería 0,17%. Es decir, en una jubilación de 10.000 pesos se le sumarían 17 pesos más el ajuste por inflación que en la ley de leyes 2018 establece un promedio de 15,7 por ciento.

Además, en el Capítulo Haberes Mínimos Garantizados, propone incorporar un artículo (125 bis) en donde establece el 82% móvil del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil que para aquellos que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos. Es decir, deja afuera de esto a los de las moratorias.

Después de largas negociaciones, el acuerdo parido quedó a gusto de la Nación. Por eso mismo, será también suya la responsabilidad por los resultados. Fórmulas de flexibilización laboral y ajuste en las jubilaciones, no dieron resultado antes. La quita de impuestos para esperar un efecto derrame en la economía, tampoco tiene garantizado el éxito. Sin embargo, el aval político de las urnas le dio margen a Macri para avanzar en las reformas. El Congreso tendrá, en las próximas semanas, la responsabilidad de pulir los detalles y custodiar derechos adquiridos, especialmente los laborales y previsionales. Las provincias deberán rezar para que la confianza nacional se confirme en la realidad.

Podés leer la Revista completa de noviembre en el siguiente Link de la plataforma ISSUU: https://goo.gl/By1eWC.

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