Movimientos sociales que administran comedores barriales adherirán a una jornada de protestas bajo el lema “La Emergencia Alimentaria no puede esperar más”.
El último fin de semana, el índice de pobreza publicado por la UCA remarcó la situación de emergencia alimentaria que se vive en la Argentina: en los últimos cinco meses los pobres en el país pasaron del 44,7% al 57,4%. El presidente Javier Milei respondió a la estadística atribuyéndosela a la “herencia de la casta”, para posteriormente señalar que se trataba de “un dibujo” de la institución académica. Sin embargo, desde los movimientos sociales piden que el Gobierno nacional reconozca la situación y vuelva a enviar los alimentos para los comedores barriales.
A la inflación acumulada del 51,3% en los últimos dos meses se le suman dos variables de mayor impacto: el incremento del costo de los alimentos que alcanzan precios internacionales y el aumento de las tarifas de colectivos en todo el país. $690 en Formosa, $700 en Córdoba, $715 en Santa Rosa o $1.200 en Mar del Plata son algunos de los nuevos boletos conocidos en febrero, en donde el transporte en el AMBA también subió sensiblemente.
“El momento más duro será entre marzo y abril”, señaló el pasado viernes el Presidente, mientras que este miércoles el ministro Luis Caputo fue menos optimista: “Técnicamente, si las cosas salen más o menos bien, este año va a ser duro”.
Esos índices ya causan efectos en los barrios de la Argentina. “El Estado nacional no está dentro del barrio y no le pone la cara a los vecinos. Esa gente necesita comer: la demanda creció y faltan los suministros, entonces a la olla hay que ponerle más agua y perdemos más valor nutricional porque estamos comiendo arroz con un poco de tomate y cebolla. Hay que llenar la panza”, detalla para este medio Claudia Albornoz, cocinera comunitaria y referenta nacional de La Garganta Poderosa.
Juan Maquieyra, Director Ejecutivo de la asociación civil Techo -que forma parte de las Mesa Nacional de Barrios Populares-, ratifica esta situación: “Vemos una situación social que ya venía siendo muy grave y que en los últimos dos meses se ha profundizado y, por lo tanto, necesita más que nunca organizaciones de la sociedad civil acompañando”.
Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) en el país hay 34.782 comedores en los que colaboran 134.449 personas: en cada uno comen hasta 300 familias por día y varios -principalmente los que no reciben asistencia de gobiernos provinciales o municipales- tuvieron que discontinuar sus actividades este año.
A través de conferencias en todo el país, los movimientos sociales que gestionan estos comedores anunciaron este jueves una jornada nacional de protesta para el viernes 23 de febrero “con 500 cortes” de rutas y accesos, bajo el lema “La Emergencia Alimentaria no puede esperar más. ¡Basta de ajuste!”.
Reclaman asistencia para comedores comunitarios, el descongelamiento de los salarios a partir de la intermediación en las negociaciones paritarias y la actualización de los montos del Potenciar Trabajo, que en este momento oscila en $75.000 mensuales. El Gobierno, a través de su portavoz presidencial, expresó una novedad sobre este programa: sus aumentos ya no estarán sujetos al salario mínimo y serán discrecionales, medida opuesta al pedido de los beneficiarios.