Las compras y entregas están paralizadas desde el 10 de diciembre, aseguran organizaciones que nuclean a pacientes. El Gobierno reconoció la demora y lo asoció a una denuncia, pero no resolvieron la situación para miles de personas que necesitan la medicación con urgencia.
Pacientes en tratamientos con enfermedades graves denunciaron que el Gobierno de Javier Milei frenó hasta la parálisis la entrega medicamentos oncológicos desde el 10 de diciembre y afirmaron que este accionar es “totalmente perverso”.
La directora general de Proyectos en la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), Florencia Braga Menéndez, aseguró que en el gobierno “no están teniendo en cuenta a los pacientes”. “Es cómo hacen todo: en vez de decir con claridad que están ejecutando lo que ellos decían que la salud pública no les importaba en absoluto, confunden a la gente”, sostuvo.
“A la incertidumbre y el dolor de tener una enfermedad muy complicada, se le suma que el Estado no se está comportando como un Estado noble, transparente y que dice cosas de una manera muy psicopática”, sentenció.
“Tiñen todo de un manto de suciedad”
El Gobierno aludió por primera vez a la dramática situación y el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que la situación es consecuencia de una denuncia penal del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en la que se acusa a la a Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) de seleccionar a los proveedores medicamentos y hacer las compras a través de una cadena de correos electrónicos sin validar y de manera directa.
Lo llamativo es que, más allá de la denuncia y la supuesta irregularidad, no se haya garantizado un mecanismo para poder entregar la medicación a las personas que están sometidas a un tratamiento de enfermedades graves que, en muchos casos, lo requieren de forma urgente y tienen costos altísimos.
“La selección de los proveedores de la DADSE a los efectos de que el Estado argentino adquiera medicamentos por miles de millones de pesos, se realiza vía e-mails (correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad) a una cadena de usuarios que no se actualiza periódicamente ni se certifica su titularidad. Una vez recibidos dichos e-mails, ciertos supuestos proveedores remiten presupuestos informales sin firma ni rigorismo alguno y es, en virtud de tales presupuestos, que la administración correspondiente, siguiendo la disposición dictada en 2016, selecciona antojadizamente al proveedor al que comprarle los costosísimos medicamentos (sin siquiera un cuadro comparativo como exige dicha norma, por ejemplo”, refiere la denuncia que hizo la ministra Pettovello contra exfuncionarios de la DADSE y que recayó en el Juzgado Federal N°11, a cargo de Julián Ercolini.
“Si hay que hacer una auditoria en una central de bomberos y hay un incendio, los bomberos no dejan de asistir al incendio. Que hagan todas las auditorias que quieran, pero no pueden cortar los tratamientos porque la gente se muere y eso es criminal”, remarcó la titular de ALAPA.
Además, subrayó que “las compras por e-mail no implican una irregularidad, porque hay medicamentos que son de muy alto precio que se tienen que licitar cada vez porque hay diferentes droguerías que consiguen diferentes precios”.
“En la DADSE sé que no hay nada oscuro, pero si lo hubiera, bienvenida la transparencia. Lo que hacen es teñir todo de un manto de suciedad, de que hay un montón de malvados robando, no es así”, dijo.
“En este lugar hay un montón de gente que va a buscar desesperadamente atención porque la DADSE está para asistir para la gente que no tiene ni prepaga, ni obra social. Es totalmente perverso que se trate de responsabilizar a este sistema que funcionaba, mal pero funcionaba. Desde el 10 de diciembre no entregan un solo tratamiento”, cerró.