La espiral es sin control. El kirchnerismo y el macrismo como procesos políticos aumentaron de forma exponencial la cantidad de presos en las 301 cárceles del territorio argentino: se pasó de 54 mil internas e internos en 2006 a 85.283 en 2017 según un nuevo informe del Sistema Nacional de Estadística Sobre Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano.
De esta manera, los números del año pasado cierran con 194 presos cada 100 mil habitantes, la tasa más alta en lo que va del siglo contra apenas 103 cada 100 mil en el año 2000. Por otra parte, el número en las 54 cárceles de la provincia de Buenos Aires, que cerró con 37.586 detenidos en 2017, hoy asciende a cerca de 42 mil de acuerdo a números del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El perfil del preso argentino actual se hace claro de acuerdo a las estadísticas oficiales: el 96% son varones, el 60% menores de 35 años, el 94% argentinos y el 69%de este total con estudios hasta primario completo. El 42% reconoció no tener un trabajo al momento de ser detenido, estar desocupado. Solo el 24% participó de algún taller de capacitación laboral dentro de los penales durante 2017.
Hay datos con respecto a este pico histórico de encarcelamientos tan llamativos como preocupantes a la vez. ¿El boom punitivo se debe a una mayor cantidad de denuncias? La respuesta es no. Las presentaciones que motivan causas penales no subieron en la Argentina sino que bajaron: 1.493 millones en 2017 contra 1.497 millones en 2016, de cara a las 1.22 millones radicadas en 2006.
El informe también revela por qué delitos caen los nuevos acusados tras las rejas nacionales. Los detenidos por robo e imputaciones similares ascendieron a 32.554 el año pasado, el 38% nacional. La suba en el rubro es mucho más dramática si se la mira de forma histórica: solo había 22.132 detenidos por acusaciones similares en 2006, un aumento radical del 47%.
Los presos y presas con carátulas por ofensas relacionadas a drogas también se dispararon: 12.279 del total nacional, cuando eran apenas 4.09 12 años atrás, 207% de incremento. Los asesinos, los acusados de homicidios dolosos, también tienen su pico: de7.223 a más de 11 mil en 11 años.
Sin embargo, la mayor disparada la tuvieron los presos por violación y abusos sexuales, un comentario evidente sobre el cambio de época para un delito de acción privada que usualmente solo se motoriza en la Justicia si es denunciado por sus víctimas o guardianes legales. Había 3.124 supuestos violadores y abusadores presos en 2006; 2017 cerró con 9.919 encarcelados en total, 217% de incremento en poco más de una década.
Los reincidentes no son la mayoría, sino que los debutantes que ingresan a un penal por primera vez son la mayoría total, más de 32 mil. Los reincidentes propiamente dichos con una segunda condena llegan a 8 mil.
Por otra parte, el informe cristaliza lo que organismos de derechos humanos como el CELS, figuras internacionales como James Cavallaro, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el procurador provincial Julio Conte Grand o incluso figuras de Cambiemos como Federico Pinedo afirmaron en los últimos tiempos: la prisión preventiva y la falta de medidas alternativas satura las cárceles.
Hoy hay un 15,2% de sobrepoblación global a nivel nacional según el informe del Ministerio de Justicia. De los más de 85 mil presos, el año pasado solo 46 mil estaban condenados contra 38 mil procesados (45%). 2.700 gozaban de salidas transitorias.
El endurecimiento judicial se cristaliza con otra estadística: apenas el 4,4% de los presos condenados accedió a una reducción de pena, la amplia mayoría de ese porcentaje con un máximo de rebaja de hasta seis meses.
Hasta fin del año pasado, 175 mujeres vivían con sus hijos en las cárceles nacionales. El número es relativamente bajo en comparación con años anteriores: 202 en 2006, por ejemplo. Si se mide con 2016 es mucho mayor; había apenas 131 detenidas con sus niñas y niños ese año.
Hoy, bajo la atmósfera del aumento de números y a presiones judiciales como un Comité de Crisis designado por la Justicia platense, el Ministerio de Justicia bonaerense a cargo de Gustavo Ferrari encara la construcción de una nueva cárcel en Campana, el primer penal edificado por el Estado argentino en 18 años desde la cárcel de Alvear.
