El FMI podría exigir un ajuste fiscal adicional de unos $ 60.000 millones superior al previsto hasta ahora por el Gobierno para el año 2019, que asciende entre Nación y provincias a $ 500.000 millones. Así surge de las proyecciones económicas que acaba de publicar el organismo para Argentina y de los cálculos que se incluyeron en el propio Presupuesto –a pedido del Fondo—sobre el impacto en el déficit fiscal de la marcha de la actividad económica.
El FMI, en su World Economic Outlook (WEO), dado a conocer esta semana como parte de la cumbre anual del organismo, rebajó las proyecciones de la evolución de la economía argentina: ahora prevé una caída del PBI de 2,6% en 2018, y de 1,6% en 2019. La anterior estimación, en el acuerdo firmado con el Gobierno a fines de junio, era en el «escenario adverso» una baja del producto de 1,3% en 2018 y un 0% de crecimiento para 2019. Todos estos datos son elaborados por el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, que comanda el mexicano Alejandro Werner y para el caso argentino sigue el italiano Roberto Cardarelli, quienes mantienen línea abierta permanente con Nicolás Dujovne. Al margen del grosero fallo de pronóstico, que ratifica el fracaso el primer acuerdo con el Fondo, lo importante ahora es contrastar la nueva proyección del FMI con los números del Presupuesto 2019 que Dujovne envió al Congreso.
Allí se prevé una contracción del PBI de 2,4% para este año; pero, lo más relevante en términos de las metas fiscales, una caída de solo 0,5% para 2019. Es decir que para el Fondo Monetario habrá 1,1 puntos menos de actividad de lo que dice el Presupuesto, lo cual impactaría sobre las previsiones de recaudación para llegar al «déficit cero», en términos primarios (antes del pago del intereses).
En el propio Presupuesto 2019 –en un novedoso capítulo llamado «riesgos fiscales»— se aclara que «una reducción de 1% en la tasa anual de variación del PBI en relación al escenario base utilizado para la proyección presupuestaria redundaría en una pérdida por impactos directos de 0,3% del PBI ($ 57.000 millones) en la recaudación de impuestos nacionales y de 0,2% del PBI ($ 32.000 millones) en los recursos tributarios de la Administración Pública Nacional». Luego dice que «un menor crecimiento económico no afectaría de forma directa los gastos primarios de la Administración Nacional. Sin embargo, en el marco del acuerdo stand-by vigente con el FMI, una desaceleración de la actividad económica con su posible impacto en el mercado laboral, podría implicar la posibilidad de incrementar el gasto social en 0,2% del PBI ($ 36.500 millones). Y concluye: «considerando entonces el impacto de un menor crecimiento sobre los recursos tributarios y un mayor gasto social, un desvío negativo de 1% en la pauta estipulada de crecimiento económico impactaría en 0,4% del PBI en el resultado primario de la Administración Pública Nacional». En un cuadro del Presupuesto se precisan las cifras exactas de ese desvío: no habría déficit «cero», sino un déficit de 0,4% del PBI, que significarían un rojo de $ 68.713 millones.
Pasando en limpio. Si el FMI impone su proyección, entonces habría de mínimo $ 57.000 millones menos de recaudación ($ 62.700 millones para ser precisos con el desvío de 1,1% en relación al pronóstico del FMI) que la prevista para Nación y provincias. Pero al Fondo sólo controla los números del Gobierno nacional, así que podría exigir de inmediato un ajuste adicional de $ 32.000 millones en el gasto, para compensar la menor recaudación para el Estado nacional. Y habrá que ver si acepta el desvío de los otros $ 36.500 millones extra que podrían destinarse para gastos sociales –un plus de Asignación Universal por Hijo– en un año electoral recesivo.
Sea como fuere, esto cambiaría toda la discusión sobre la magnitud del ajuste en el Presupuesto 2019, que todavía se debate en el Congreso. En realidad, si siguieran los nuevos números del FMI el desvío sería todavía mayor. En el FMI creen que por la mayor recesión, la inflación será menor el año próximo: estiman que será de 20,2% en lugar del 23% previsto en el Presupuesto 2019. En el capítulo de riesgos fiscales, se estima que cada punto adicional de inflación achica el déficit fiscal en casi $ 10.000 millones, porque incrementa la recaudación en mayor medida de que lo que aumenta el gasto público. Al revés, si la inflación, como dice el Fondo, fuera casi 3 puntos menor que la proyectada por el Gobierno, entonces el agujero fiscal se incrementaría en otros 28.000 millones, y desde Washington reclamarían también una mayor poda de gastos.
Sin embargo, este puede ser el punto que le permita zafar al Gobierno de tener que revisar ahora todos los números fiscales que hace poco envió para su tratamiento al Congreso. En última instancia, no sería la primera vez que la inflación resulte baste mayor a la proyectada y que termine jugando a favor de cerrar las cuentas fiscales. De hecho, la mayoría de las consultoras privadas estiman que la inflación el año próximo tendría un piso del 27%.
El Gobierno también podría jugar con que el dólar –que el Presupuesto 2019 supone con un promedio de 40,5 pesos el año próximo—sea otro factor que ayude a compensar la caida de la recaudación por la mayor recesión proyectada por el FMI. En el proyecto de ley se dice que por cada 1% de suba del dólar por arriba de lo proyectado, la reducción del déficit fiscal sería de 1.200 millones de pesos: porque la mejora de la recaudación vía retenciones por la devaluación extra sería mayor que el aumento de gastos por subsidios energéticos principalmente, y en menor medida por subsidios al transporte. Dicho de otro modo: con que el promedio del dólar el año próximo sea 20% superior al proyectado –48 pesos—el déficit fiscal se achicaría en unos 24.000 millones.
En conclusión, si la caída del PBI se perfila como la que pronostica del Fondo para 2019, entonces sólo una mayor inflación y un dólar más alto permitirían evitar la exigencia de más ajuste fiscal que tarde o temprano llegará desde Washington. Todas opciones que no son agradables para ningún Gobierno, en especial en un año electoral.
