Alrededor de las 23:10 del viernes, efectivos de la comisaría 7ª arrestaron a Juan Carlos F. (45) en B° Nemesio Parma, acusado de lesionar a su pareja una mujer de 51 años.

De acuerdo a las averiguaciones todo se habría originado en una fiesta donde la pareja asistió y regresando a la vivienda de ambos habrían comenzado a discutir y entre forcejeos la mujer terminó lesionada.

La damnificada quedó internada en el Hospital Madariaga para su recuperación. La médica policial en turno diagnosticó: “lesión cortante en cuero cabelludo de aproximadamente 7 centímetros, escoriaciones en brazo derecho y fractura del primer dedo de mano derecha. Tiempo de curación 60 días sin mediar complicaciones.”

El agresor quedó alojado en la seccional 7ª a disposición de la justicia.

A raíz de una denuncia por robo en la vivienda de un hombre de 65 años en el km 36, la Policía arrestó a Eusebio S. (40) de nacionalidad paraguaya acusado por ilícito.

El damnificado relató que rompieron la ventana de su casa y le robaron: dinero (14 mil) y un rifle calibre 22. En base a una investigación se secuestró el arma que había sido comercializada a un menor de 15 años. El joven contó que se la compró a Eusebio y al sobrino del denunciante, también menor. Mientras que del dinero se estableció que el detenido se lo gastó en repuestos de auto y un celular.

Lo recuperado fue entregado a su propietario, y con respecto al menor involucrado, la justicia ordenó que se le tome declaración y que sea entregado a sus padres.

La comparación es interanual pero con respecto a abril aumentaron 4%. En lo que va de 2018 suman un descenso de 2,5%. Algunas comercios lanzaron ofertas o promociones tentadoras, así hubo casos donde las cantidades de despacho  crecieron pero en facturación se mantuvieran apenas por encima del año pasado.

Las ventas minoristas de los comercios pymes finalizaron mayo con una baja de 4,8% frente a igual mes del año pasado, medidas a precios constantes, y acumulan una declive anual de 2,5% en los primeros cinco meses del año.

Comparadas con abril, subieron 4%, que se explica por la estacionalidad del mes. Para la mayoría de los negocios, mayo fue mejor que abril pero peor que mayo del 2017, que de por sí las ventas ya habían descendido 2,3%.

Fue un mes de mucha tensión económica y eso le restó fuerza al consumo. Especialmente en los primera quincena, donde la suba del dólar desconcertó al público. A eso se sumaron los problemas reales de ingresos, donde se notó la pérdida en el poder adquisitivo.

Hubo notorios altibajos en las ventas, de pronto la gente desaparecía de las calles y de pronto volvía. “Ya no hay días buenos y días malos de la semana fijos, todo es muy cambiante”, coincidieron algunos comerciantes.

No ayudó el tiempo, hubo muchos días de lluvia y se sumaron los primeros días de frío, donde la gente se quedó en sus casas.

Algunas tiendas sacaron ofertas o promociones tentadoras que atrajeron al cliente. Eso provocó casos donde las cantidades de salida crecieron pero en facturación se mantuvieran apenas por encima del año pasado.

En mayo sólo el 25,8% de los comercios consultados tuvieron alzas anuales en sus ventas (en abril el 32,8%). En cambio, el 62,5% tuvo variaciones negativas y el 11,6% se mantuvo sin cambio.

En un mes de baja rentabilidad y altas tasas de interés como como fue mayo, donde los negocios debieron asumir subas de tarifas, de alquileres, mercadería con aumento, y de costos en general, las comisiones que cobran las tarjetas, posnet y bancarias, pesaron.

Para los comercios que venden online, la venta por ese canal se mantuvo firme, en aumento.

Intentará recomponer lazos y podría revisar los subsidios al transporte, que hoy benefician a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires en detrimento del interior.

Luego de que hizo eclosión el conflicto con el PJ en el Senado , el gobierno de Mauricio Macri buscará recomponer lazos con los gobernadores, senadores y diputados del peronismo, porque entre otras cosas analiza negociar con ellos, luego de anunciar recortes en la Nación, un acuerdo para reducir las transferencias a las provincias.

Se trata de las transferencias no automáticas de gastos corrientes (administrativos) del 8% del PBI, unos $105.000 millones. La Casa Rosada evalúa negociar solo una parte, confirmaron a LA NACION altas fuentes de la Casa Rosada.

En el acuerdo podría entrar un recorte de subsidios al transporte, que benefician a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires en detrimento del interior, y el traspaso a esas dos jurisdicciones de subsidios a las empresas de energía Edenor y Edesur. Estos dos puntos son reclamos de los gobernadores.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , considera que la relación con los gobernadores del PJ nunca se rompió: once de ellos decían que la ley del PJ que anuló el aumento de tarifas de gas, luz y agua, que luego Macri vetó, era un "mamarracho". Hay diálogo en buenos términos.

El problema son los senadores. Frigerio, Emilio Monzó , presidente de la Cámara de Diputados, y Sebastián García De Luca, viceministro del Interior, presumen que el jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto , estaba obligado a apoyar el proyecto de ley luego vetado. Debió preservar la unidad de su bloque y el acuerdo con Sergio Massa , jefe del Frente Renovador, con miras a sostener la alianza electoral del peronismo federal, con Massa y las provincias, que podría llevar como candidato presidencial al gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey .

En declaraciones a Radio Cultura, García de Luca dijo que la negociación pasa por "muchas cosas del presupuesto, transferencias, competencias de Nación y provincias; queda mucho por negociarse, lapicera en mano. Empezar a ver el presupuesto y cómo optimizamos los recursos que hoy son escasos".

Consultado sobre el clima con el PJ, agregó: "Entendemos y encontramos mucha racionalidad en ellos y predisposición a colaborar. Los gobiernos provinciales hoy están en una situación fiscal mucho mejor que la que llegaron en 2015".

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comentó en reuniones reservadas que el ajuste pasará, en parte, por un recorte de transferencias no automáticas a las provincias. Pero se mantendrán inalterables, en cambio, los envíos de la coparticipación automática.

No se tocarán el Fondo del Incentivo Docente ni los planes sociales. El gasto en obras públicas se sustituirá con programas de participación público privada (PPP). Y ya está en marcha una profunda revisión de las pensiones a discapacitados mal otorgadas y jubilaciones de privilegio. No hay margen político para una nueva devaluación,

Para legitimar futuros pedidos a los gobernadores, Dujovne y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se curaron en salud y anunciaron un recorte de gastos administrativos de $20.000 millones en recortes de viajes, automóviles, gastos operativos, reducción de contratos precarios y congelamiento de ingresos en la planta del Estado.

Dujovne dirige el plan económico y el acuerdo stand-by con el FMI, que podría anunciarse antes del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y, antes que ello, Macri analiza un nuevo anuncio de recortes. La ley de presupuesto 2019 que se negociará con el PJ tendrá una pauta de déficit fiscal que surgirá del acuerdo con el FMI, de entre 1,7% o 1,3% del PBI. Hoy es 2,2% y bajar medio punto implica recortar $65.000 millones.

Un 75% del presupuesto es rígido (sueldos, jubilaciones y gasto social) y el ajuste surgiría de una masa de $520.000 millones (4% del PBI) compuesta de subsidios (energía y transporte) transferencias a provincias y obras no prioritarias.

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, dijo que "la ley de responsabilidad fiscal implica que el gasto público no crezca en términos reales, que viene pasando este año, porque hay caída del gasto real, y con un crecimiento de la economía de 2,5% hay una baja del gasto y del déficit".

Fuente: La Nación.

Sucedió a las 5:30 de este domingo, en el km 26 de la ruta 105, donde por causas que se investigan dos jóvenes de 19 años que iban en una moto fallecieron por las graves lesiones sufridas al ser embestidos por un auto.

En el lugar un vehículo Chevrolet Agile que transitaba en sentido Apóstoles –Posadas, guiado por Enrique Gabriel P. (20), y acompañado por otros dos ocupantes más, mayores de edad, embistió a una motocicleta Honda Wave de 110 cilindradas al mando de Juan Gabriel Mendoza (19) y acompañado por Víctor Javier González (19), ambos fallecidos.

Los rodados terminaron en la banquina, la Policía Científica de la UR-VII realizó el relevamiento pericial y la comisaría de Fachinal el sumario.

Por disposición de la justicia los cuerpos fueron trasladados a la Morgue para estudios de autopsia.

Según los últimos sondeos, 114 diputados están a favor y 108 en contra, mientras que una treintena no ha manifestado su posición. Estos últimos son los que inclinarán la balanza en el recinto de sesiones.

Un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados comenzará el martes a analizar el dictamen del proyecto de despenalización del aborto que se debatirá el 13 de junio en el recinto de sesiones, cuyo resultado aún es una incógnita dada la paridad que hay entre los que están a favor y en contra.

El plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal, y Familia se reunirá para avanzar en la redacción del despacho, tras concluir el jueves pasado las 15 audiencias públicas en las que expusieron unos 700 oradores.

Los diputados comenzarán a debatir el proyecto en una reunión que será coordinada por el macrista Daniel Lipovetzky, con la mirada puesta en aquellos legisladores que están indecisos. Ocurre que los votos están muy parejos entre los que apoyan y rechazan legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14.

El proyecto de la Campaña sobre la despenalización

Entre otras cuestiones, obliga al sector público de salud, obras sociales y empresas de medicina prepaga a otorgar una cobertura integral, y establece que si el aborto debe practicarse a una menor de entre 13 y 16 años se presumirá que goza de aptitud y madurez suficiente para dar su consentimiento, y se es menor de 13 se requerirá el aval del progenitor.

Los puntos que se agregarían al proyecto

La posibilidad de habilitar a los profesionales a tener el derecho de ejercer la "objeción de conciencia" y establecer una regulación de esa objeción para evitar que con ese argumento no se efectúe la practica medica del aborto.

Otro punto que se busca analizar es si se mantiene el artículo que permite a las menores concurrir solas a un hospital a realizarse un aborto sin la presencia de un adulto, ya que se sostiene que está contemplado en el Código Civil, y se buscará incluir medidas para fortalecer y reforzar la educación sexual.

Con esos cambios, se intentaría destrabar el debate para llegar a un dictamen con mayores consensos, ya que la iniciativa genera divisiones en la mayoría de los bloques parlamentarios y su aprobación aún tiene final incierto.

“Es clave definir el texto a aprobar. Vamos a tomar como base el proyecto de la Campaña y sumarle algunas cosas que a varios los hacen dudar todavía”, afirmó Lipovetzky en declaraciones a Télam, en las que adelantó que se acordó definir el 13 de junio “como fecha tentativa” del debate del proyecto en el recinto de la cámara baja.

El diputado del PRO, coordinador de los plenarios, calificó de “muy positivo” el balance de las reuniones, en las que ya expusieron unos 600 oradores, y destacó que “hemos logrado un debate respetuoso y tolerante. Nos encaminamos a cumplir el objetivo para demostrar que no era una puesta en escena como decían muchos y que cumplimos con la palabra de escuchar todas las voces”.

Actividades previas a la sesión del 13

La Campaña por un Aborto Seguro, Legal y Gratuito realizará una serie de acciones hasta la sesión que incluyen este lunes un “pañuelo federal” en todo el país; el martes la entrega de las notas firmadas por distintos sectores de la sociedad; el jueves una movilización y un festival, que concluirán el martes 12 de junio con una vigilia.

Prevé una reforma del Código Penal para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y contempla expresamente las posibilidades de abortar cuando el embarazo es producto de violación, si está en riesgo la vida o salud de la mujer o si el feto tiene deformaciones graves.

El proyecto lo lleva adelante un equipo de profesionales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), con sede en Falda de Carmen, y el Instituto Mario Gulich de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Investigadores de Córdoba utilizaron información satelital para evaluar las condiciones macroambientales que favorecen la proliferación de los mosquitos transmisores de enfermedades y generaron una cartografía de las áreas donde existe mayor probabilidad de desarrollo de los insectos.

La iniciativa comenzó a desarrollarse a fines de 2016, junto con el Ministerio de Salud de la provincia, consignó la agencia UNCiencia.

Los mapas de riesgo satelitales se producen a partir de capas, y cada una de ellas permite identificar espacial y temporalmente factores de riesgo y establecer relaciones para realizar predicciones. La cartografía se actualiza cada 30 días e incorpora datos relevados en el campo, junto a información de variables ambientales relacionadas con los brotes de enfermedades arbovirales (las que generan los virus transmitidos por artrópodos), haciendo foco en el mosquito aedes aegypti, responsable de los brotes de zika, dengue y chikungunya, entre otros.

Estos vínculos terminarán el 31 de diciembre y no se prorrogarían. Además, de acuerdo al Gobierno, tampoco se tomarán nuevos empleados por dos años. Los tribunales laborales podrían recibir miles de demandas por reclamos de empleo "en negro".

En un contexto en el que se colocó como primer objetivo bajar aún más el déficit fiscal, el anuncio del Gobierno provocó preocupación en el sector laboral, ya que de dar por terminado los vínculos con las universidades sobre provisión de empleados para tareas específicas, podría significar 7.000 nuevos despedidos a fin de año.

Además, implicaría un incremento en la litigiosidad en los juzgados del trabajo y un riesgo económico a futuro para las arcas del Estado.

Sucede que el Gobierno anunció que no habrá ingresos de personal al Estado Nacional durante 24 meses bajo ningún tipo de modalidad, y que los convenios por asistencia técnica con universidades nacionales quedarán sin efecto a partir del 31 diciembre y ya no podrá utilizarse esta forma para proveer servicios personales.

Estas medidas serán oficializadas en los próximos días con su publicación en el Boletín Oficial. Los expertos consultados por iProfesional, que pidieron mantenerse en reserva por la sensibilidad del tema, advierten que detrás de esta decisión puede haber una “bomba” que, en caso de explotar, puede costarle millones de pesos al Estado.

Es que si los empleados contratados a través de las mencionadas instituciones educativas para prestar servicios en la administración pública deciden realizar un juicio por empleo no registrado y logran demostrar que existió una relación laboral encubierta, el monto de las indemnizaciones puede terminar siendo cuantioso.

Se estima que el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri como presidente, había poco más de 15.000 contratados por esta modalidad.

Poco tiempo después, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, decidió llevar a cabo una primera reducción, lo que bajó ese número a 10.000.

En la actualidad, se estima que hay, al menos, 7.000 personas que se desempeñan en el Estado a través de estos vínculos. Hay que remarcar que no son empleados públicos sino que están contratados a través de una entidad educativa, que en los papeles figura como su empleadora.

El temor principal pasa por saber -luego de conocerse el decreto- qué pasará con esos trabajadores, ya que el Gobierno indicó que se congelará el ingreso de empleados públicos por dos años.

Esta clase de provisión de personal a través de una tercerización permite esquivar la ley de contratación de empleados para la administración pública y habilita a, por ejemplo, un ministerio a atender diversas tareas –por lo general de carácter temporal pero que puede llegar a durar años- como la planificación, ejecución y control de una determinada decisión política.

Y cada mes, la universidad le envía su factura al organismo bajo el concepto de "contratos de asistencia técnica", luego de recibir el pago, el establecimiento educativo distribuye esos entre los empleados a través del salario.

Durante la administración de Cristina Kirchner, la crítica principal era que esos acuerdos fueron firmados con universidades del conurbano bonaerense -creadas durante esa misma época-, sin realizar un seguimiento de control transparente. De esta manera, se utilizaba para diversas tareas que no tenían nada que ver con el funcionamiento de la administración como el financiamiento de películas, realización de eventos eventos y stands en Tecnópolis. Esa erogación fue creciendo hasta el 2016.

El macrismo buscó poner un freno y, a través del decreto 336/2016, dispuso la creación de un registro donde quedaran documentados los nuevos entendimientos, en el marco de la política de revisión de contratos.

Allí se establece que “los convenios celebrados entre los organismos dependientes de la administración pública nacional centralizada y descentralizada y universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016 por los señores ministros, secretarios de la Presidencia de la Nación o los titulares de los entes descentralizados, quedan sin efecto a partir del 1° de abril".

En caso de que el convenio “implique el requerimiento de servicios personales o servicios de capacitación a prestarse por intermedio de recursos humanos de las universidades, con carácter previo a su suscripción deberá darse intervención al Ministerio de Modernización”.
A pesar de los cuestionamientos que se le hacían hacia afuera, el macrismo continuó utilizando ese tipo de vinculación, aunque en menor medida.

Si la oficialización de la medida es tan dura como se anunció, en los hechos significará que casi 7.000 personas deberán buscar un nuevo empleo.

IP.

El Gobierno venezolano anunció este sábado la liberación de un segundo grupo de 40 opositores presos, que sumados a los excarcelados del viernes llegarán a 79, tras la promesa del presidente, Nicolás Maduro, de iniciar un proceso de pacificación del país.

En el nuevo grupo de liberados están los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, así como los dirigentes Raúl Emilio Baduel y Wilmer Azuaje, entre otros.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, confirmó las nuevas liberaciones alegando que se trata de beneficios procesales amplios. Negó que sean libertades condicionales en su mayoría.

Señaló que en el grupo de liberados de este sábado estaban encausados por actos de violencia política entre 2002, 2014, 2017 y 2018.

Organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que antes de iniciarse las liberaciones había un total de 355 opositores presos.

"Esto en aras de la paz, de la búsqueda del diálogo y del nunca más la violencia para atentar contra la Constitución, contra los bienes públicos y privados, de los delitos de odio, de atentar contra las personas por su color de piel o sus ideas políticas", dijo Rodríguez.

El grupo de opositores fue trasladado a la sede de la Cancillería, donde sesiona la Comisión de la Verdad de la Constituyente, a fin de recibir las órdenes de excarcelación.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, dijo que los liberados tendrán distintos beneficios, entre ellos libertades plenas, medidas de presentación a los tribunales cada 30 días y prohibición de salida del país, así como prohibición de declarar a la prensa.

La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, llamó a los nuevos liberados a continuar la lucha política "desde la paz".

"Las diferencia entre los venezolanos tenemos que dirimirlas por la vía pacífica, por la vía democrática. La única vía posible es la lucha política pacífica", dijo Delcy Rodríguez.

Las liberaciones tuvieron como garantes a cuatro gobernadores regionales de oposición.

Entre los liberados están el diputado Caro, quien fue detenido en 2017 por una supuestamente conspiración y se le atribuyó estar en posesión de un fusil. Caro denunció la violación de su inmunidad parlamentaria por su detención irregular.

Por su lado, Prieto nunca pudo participar en la Cámara legislativa como diputado suplente de la legisladora Gaby Arellano. Fue detenido en Caracas en 2015 y luego imputado por los cargos de asociación para delinquir y fabricación de armas.

A la vez, Baduel es hijo del ex ministro de Defensa Raúl Baduel, actualmente preso por una condena por corrupción. Es dirigente del partido Voluntad Popular, del líder Leopoldo López. Fue detenido en las protestas contra el Gobierno de 2014 y luego sentenciado a ocho años de cárcel por el cargo de instigación pública.

Azuje es un ex diputado de una amplia lucha opositora. Tenía más de un año detenido. Sus familiares hicieron circular una fotografía de su detención, esposado a una escalera de metal.

AF.